La Asociación de Abogadas y Abogados, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe se ha sumado a las voces, tanto nacionales como internacionales, que se han pronunciado en contra de la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP). La organización advierte que el ente investigador se ha transformado en un instrumento de persecución política, lo que pone en peligro el Estado de derecho del país.
En un documento presentado por la asociación, se denuncia que la Fiscal General ha sometido a los operadores de justicia, defensores de derechos humanos y abogados a encarcelamientos arbitrarios en condiciones inhumanas, incluyendo aislamiento y privación de asistencia médica y psicológica.
145 mil firmas pidieron el retiro de la jefa del MP, en su momento.
Detenciones arbitrarias
“El uso sistemático de detenciones arbitrarias, tortura y graves violaciones al derecho a la libertad de expresión y asociación contra operadores de justicia, defensores, periodistas y opositores políticos constituye un crimen de persecución política y crímenes de lesa humanidad”, señala el informe.
Además, la agrupación solicitó a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos que proceda a expulsar a la funcionaria de sus filas, alegando que sus actos socavan la democracia y el Estado de derecho en Guatemala. Según el documento, uno de los objetivos principales de esta sanción es frenar la persecución política y detener las acciones que buscan desestabilizar al país.
La petición también resalta el rechazo social que se ha generado entre los guatemaltecos, reflejado en una campaña que recabó más de 145 mil firmas para pedir la destitución de la jefa del MP, durante un período de incertidumbre política en el cual la ciudadanía temía que no se respetara el resultado de las últimas elecciones.
Diversos sectores en el país, como la junta directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totonicapán, han exigido la destitución inmediata de la titular de la citada entidad y otros funcionarios que consideran corruptos.
Ante las críticas, el MP respondió que las acusaciones son “espurias, antidemocráticas y carentes de conocimiento del sistema jurídico guatemalteco”.
