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Aumenta clamor por elección de magistrados honestos y capaces
Al llamado se suman 54 organizaciones que exigen designación transparente y profesionales probos
Gustavo Villagrán, Josselinne Santizo, DCA
Las voces que claman por una elección transparente de magistrados a Cortes, a fin de que los togados sean probos y comprometidos con la justicia en Guatemala han aumentado. En total, 54 organizaciones sociales exigieron ayer una designación basada en los intereses de los ciudadanos honestos.
Además de que los diputados al Congreso de la República realicen una elección cristalina y pública, que excluya a candidatos que hayan criminalizado la democracia, exigieron los representantes de las entidades indígenas, campesinas, defensores de derechos humanos y grupos projusticia.
Juan Pablo Muñoz, uno de los representantes de las 54 instituciones, recomendó entrevistas públicas a los 26 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que los diputados se pronuncien sobre la honorabilidad de los mismos.
Para las Cortes de Apelaciones (CA) proponen que se solicite a los candidatos un video de cinco minutos, en el que expongan su propuesta para fortalecer la independencia y el sistema
de justicia.
Observadores
Además, el Panel de Expertos Independientes para Observar las Elecciones de Cortes en Guatemala expresó que el Congreso debe elegir de conformidad con los estándares internacionales y entregó al Legislativo un documento en el que plantean excluir a personas con conflictos de intereses, al igual que exjueces y exfiscales que han perseguido a defensores de derechos humanos, periodistas y comunidades indígenas.
A esta instancia la representaron Antonia Urrejola, de Chile; Sídney Blanco, de El Salvador, y Ana Delgadillo, de México.
En la misma línea, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) pidió al Congreso que realice un proceso de elección de Cortes transparente.
La directora de la división de América para HRW, Juanita Goebertus, aseguró que la elección de magistrados “ofrece una oportunidad histórica para comenzar a restaurar la integridad e independencia del Organismo Judicial”.
De igual forma, instó a los 160 diputados a priorizar a los candidatos con historiales de integridad intachables.
La elección de los 13 magistrados titulares de la CSJ tendrá lugar en los próximos días por parte del Parlamento. Asimismo, designará a más de 220 jueces para salas de Apelaciones para el período 2024-2029.
“El poder judicial guatemalteco carece de suficiente independencia e integridad, lo cual socava el Estado de derecho y amenaza la protección de las garantías fundamentales”, recordó HRW en la nota.
La conformación del listado de 26 profesionales para la CSJ y de los más de 300 para las CA culminó el 23 de septiembre pasado, tras varias semanas de trabajo y de votaciones. Las nóminas están en poder del Congreso.
Justicia sana y mejor seguridad para más inversión
“Para que haya más y mejores inversionistas es esencial un sistema de justicia independiente, conformado por jueces y magistrados comprometidos con la justicia y no con intereses corruptos”, indicó el presidente Bernardo Arévalo.
Durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, el jefe de Estado dijo que esta semana será importante para este objetivo, pues el Congreso de la República debe elegir a los nuevos magistrados de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA).
El mandatario indicó que las comisiones de postulación hicieron su trabajo y ahora le toca a los diputados seleccionar a los profesionales del derecho, competentes y que no estén asociados a redes de corrupción e impunidad.
“Los legisladores tienen una responsabilidad histórica con el pueblo de Guatemala y con la recuperación de la confianza en las instituciones de justicia. Por ello, los ciudadanos deben estar atentos a las decisiones que se tomen en el Congreso”, expresó el dignatario.
Al mismo tiempo, Arévalo manifestó que otra condición para invitar y atraer mayor capital foráneo al país es la seguridad, y por eso el Gobierno trabaja para generar las condiciones a fin de que la población se sienta segura en las calles, ciudades, parques y residencias.
Se despeja camino para elección
La Corte de Constitucionalidad (CC) revocó todos los amparos provisionales otorgados por juzgados que buscaban impedir la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones (CA).
Al mismo tiempo, ordenó al Congreso de la República realizar la designación de togados con toda celeridad y en cumplimiento de los plazos constitucionales y legales. Con esta resolución se elimina cualquier obstáculo legal para renovar la CSJ y CA. Mientras, el Organismo Legislativo, probablemente, incluya el tema en la sesión de hoy, según el presidente del Parlamento, Nery Ramos.
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Llaman a unirse por la seguridad alimentaria
Informe del PMA revela que el 25 por ciento de guatemaltecos tiene dificultades para satisfacer su dieta
En un acto en el que fue evidente la preocupación, debido a los resultados de un análisis sobre seguridad alimentaria en Guatemala, la vicepresidenta Karin Herrera instó a unir esfuerzos para garantizar ese derecho en el país.
La Evaluación Nacional de Seguridad Alimentaria 2024 (ESA), presentada ayer y realizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), detalla que el 25 por ciento de los ciudadanos enfrenta dificultades para satisfacer sus necesidades de dietas, y estas familias deben decidir si gastar en comida o salud.
La vicegobernante subrayó que Guatemala “arrastra una deuda histórica, especialmente con la niñez y la adolescencia, que deben contar con una buena nutrición”. Por ello, apeló al compromiso de todos los funcionarios del Gobierno para generar cambios reales.
Para obtener estos y otros resultados, el PMA elaboró 6 mil 600 encuestas, que equivalen a más de 3 millones 900 mil hogares. Los departamentos que más enfrentan inseguridad alimentaria son Alta Verapaz, con 47 por ciento; Totonicapán, 39, y Guatemala, 34.
A escala nacional, uno de cada cuatro hogares tiene dificultades para asegurar el consumo de alimentos adecuados. En el ámbito de los pueblos indígenas, uno de cada tres núcleos no cuenta con suficiente dieta, de acuerdo con el informe.
Además, el 4 por ciento de las familias tiene un consumo de comida pobre, el 10 por ciento, limitado(podría pasar a pobre) y el 85 por ciento, con mínimos aceptables.
Datos actualizados
Miguel Barreto, coordinador Residente de las Naciones Unidas en Guatemala, destacó que la ESA proporciona datos actualizados cruciales para la toma de decisiones y el diseño de programas nacionales, como Mano a Mano.
Barreto hizo un llamado a crear una política de Estado que trascienda los gobiernos de cuatro años, la cual incluya consensos entre partidos políticos, sector privado y sociedad civil. Afirmó que la entidad a la que representa está dispuesta a colaborar en la construcción de esta herramienta.
Ante la propuesta, la vicemandataria Herrera dijo estar anuente a buscarle viabilidad y subrayó la necesidad del compromiso de trabajo conjunto entre el Gobierno y todos los actores, a fin de garantizar una mejor calidad de vida de miles de familias que luchan contra la desnutrición y la pobreza.
Tania Goossens, directora y representante en Guatemala del PMA, recalcó que estos números reflejan no solo estadísticas, sino la historia de miles de familias que luchan a diario contra la inseguridad alimentaria.
Goossens detalló que la evaluación incluyó a los cuatro principales grupos étnicos de la nación: mam, q’eqchi’, k`iché` y kaqchikel, con el objetivo de escuchar sus voces y considerar sus necesidades en las intervenciones.
¿Qué hace el Gobierno?
La vicepresidenta afirmó que, entre las acciones del Ejecutivo
para luchar contra el mencionado flagelo están invertir más recursos en el Bono Nutricional, con arriba de 11 millones de quetzales destinados a beneficiar a 7 mil familias.
También, la asistencia alimentaria proporcionada a más de 300 mil hogares, así como proyectos productivos que buscan la prosperidad a largo plazo.
Herrera resaltó la urgencia de reforzar los esfuerzos en comunidades como Alta Verapaz, que enfrenta el mayor índice de pobreza y ha registrado muertes por desnutrición aguda. Dijo que, además de la entrega de alimento a más de 23 mil 800 hogares, se necesita voluntad y compromiso político para asegurar que los connacionales puedan vivir con dignidad.
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Gobierno redobla el resguardo ciudadano en las áreas rurales
Presidente reafirma su compromiso de trabajar por la paz y la seguridad de los guatemaltecos
“Durante años, la seguridad y estaciones de policía se concentraban en las áreas urbanas, pero eso está cambiando. El resguardo debe llegar a cada rincón de Guatemala”, manifestó ayer el presidente Bernardo Arévalo durante la habilitación de la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC), en el cantón Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Arévalo explicó que esta sede es una expresión tangible que tiene el Gobierno con las familias del citado municipio y las comunidades que lo rodean, como parte del plan de fortalecer la vigilancia en las áreas rurales.
“Las administraciones anteriores enfocaban las sedes policiales en zonas urbanas, lo que dejaba a muchas poblaciones recónditas en situación de vulnerabilidad frente a los problemas de inseguridad”, afirmó el gobernante, al ratificar que su gestión buscará llegar a los sitios más lejanos de los
cascos urbanos.
Los 30 agentes asignados a la sede policial deberán responder a los problemas de seguridad y prevenir el delito. “En sus manos está la posibilidad de fortalecer la confianza de las comunidades”, añadió el mandatario.
Más subestaciones
El titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez, expresó que la subestación de Santa María Ixhuatán representa el compromiso firme con el bienestar de los vecinos. “La seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad”, manifestó.
Jiménez explicó que esta sede tuvo un costo de 3.8 millones de quetzales y permitirá una respuesta más efectiva a cualquier emergencia, mientras reforzará la presencia de la ley en la región.
Además, anunció que en las próximas semanas serán inauguradas cinco subestaciones más: colonia Primero de Julio, zona 6 de Mixco; San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, y Parcelamiento La Máquina, Suchitepéquez, así como San Vicente Pacaya y Guanagazapa, Escuintla.
De acuerdo con el ministro, la distribución de estos recintos de vigilancia, que responden a las órdenes el jefe del Ejecutivo, se basa en recuperar los espacios que han sido acaparados por las estructuras criminales.
Según datos de la PNC, los hechos ilícitos más denunciados en Santa María Ixhuatán durante 2024 incluyen homicidios y lesiones, hurto y robo de motocicletas, delitos que se combatirán con la presencia de más agentes.
Se recupera el control
El presidente Bernardo Arévalo dijo ayer que el Gobierno recupera el control de las instituciones del Estado y la capacidad de acción de estas, para combatir a las organizaciones criminales.
Administraciones anteriores, por dedicarse a la corrupción, abandonaron los intereses de seguridad del país, porque estaban dispuestos a vendérsela a narcotraficantes y al crimen organizado.
Los logros vistos contra las extorsiones y el descenso en homicidios demuestran el éxito gradual en la recuperación del control de la seguridad, puntualizó. Destacó que una revista de EE. UU. cita a Guatemala como uno de los tres ejemplos en América Latina de cómo se puede avanzar en la lucha contra la inseguridad y la violencia.
Miguelito, el de los Manacales
En julio del presente año, en Santa María Ixhuatán, Santa Rosa, “fue capturado Miguelito Monterroso Cardona, integrante de la banda criminal los Manacales, un grupo dedicado al robo y desmantelamiento de motocicletas, recordó el presidente Bernardo Arévalo durante la inauguración de la subestación de la Policía Nacional Civil en esa localidad.
El mandatario afirmó que “estos actos criminales ponen en peligro la seguridad física y emocional de nuestras comunidades y atentan gravemente contra la integridad de las familias”. Por ello, agregó: “Así como capturamos a Miguelito, seguiremos persiguiendo a todos aquellos que intenten amenazar la paz y tranquilidad”.
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Autoridades revelan anomalías en la DGT
Falta de control en expedientes, discrecionalidad en trámites y uso indebido de recursos son algunos de los hallazgos
En tan solo seis días hábiles al frente de la Dirección General de Transportes (DGT), las nuevas autoridades descubrieron irregularidades que afectan el funcionamiento de la institución.
Ana Elizabeth Velásquez, titular de esa dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), reveló en conferencia de prensa que entre las anomalías detectadas destacan 6 mil 170 trámites suspendidos, entre ellos la falta de trazabilidad en más de 600; algunos de ellos se remontan a 1996, así como un registro adelantado para 2027, lo que pone en evidencia un descontrol en la gestión documental.
Velásquez subrayó la urgencia de reorganizar la DGT bajo tres pilares fundamentales: procesos, institucionalidad y equipo. La acumulación de 9 mil 900 días de retraso en expedientes atascados es un reflejo del caos, afirmó.
Otra de las situaciones es la discrecionalidad en la gestión de trámites administrativos. Además, se identificaron irregularidades en el uso de vehículos oficiales y en la asignación de combustible.
Impacto negativo
El titular del CIV, Félix Alvarado, destacó el impacto negativo que la corruptela ha tenido en la DGT. Recordó que en 2003 hubo numerosos incidentes de tránsito que involucraron al transporte público no regulado, que dejaron cientos de víctimas. “La omisión de un funcionario público y la corrupción de un particular, por intereses propios, han puesto en riesgo la vida de las personas”, aseveró Alvarado.
Ambas autoridades coincidieron en que la reestructuración de la DGT será un proceso complejo y demandante, pero necesario.
