Los esfuerzos por contrarrestar delitos que atentan contra el patrimonio de los guatemaltecos se ha redoblado en estos 100 días del Gobierno. Entre los actos delictivos que más afectan al país están las extorsiones, por las cuales este año suman 520 personas capturadas.

Como resultado de 25 allanamientos realizados ayer se logró la detención de 20 sospechosos de exigir dinero bajo amenazas a ciudadanos que ahora pueden estar más tranquilos, indicaron las autoridades.

Las acciones, a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), se ejecutaron en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez y Chiquimula.

Los aprehendidos forman parte de estructuras criminales como las maras 18 y Salvatrucha, así como de imitadores que tenían órdenes de arresto por chantaje a transportistas y comerciantes de distintas localidades. “Desde tempranas horas, agentes de la PNC iniciaron 25 allanamientos por casos de extorsión”, comentó César Mateo, inspector de la entidad de seguridad ciudadana.

Por su parte, el ente a cargo de las investigaciones reportó que “las diligencias fueron enfocadas en la resolución de 17 expedientes en indagación.

Todos los capturados están sindicados del mencionado crimen”, resaltó Eddie Rodríguez, fiscal de Sección
Adjunto de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión.

Rubelsy Pimentel Fotógrafo: Cecilia Vicente

Foto: SCSPR

Una estación de la Policía Nacional Civil (PNC) fue inaugurada ayer por el Gobierno, en Monjas, Jalapa, para vigorizar la presencia y combatir la inseguridad en esa región. El edificio, de tres niveles, tiene capacidad para albergar a 70 agentes: 24 mujeres y 46 hombres, e inicialmente se asignaron a 29 integrantes de las fuerzas de seguridad, afirmó Francisco Jiménez, titular de la cartera del Interior.

La obra fue financiada con un préstamo de 175 millones de dólares, otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para el programa de desarrollo de infraestructura y equipamiento para la modernización de la PNC y el Sistema Penitenciario. En esta actividad participó el presidente Bernardo Arévalo.

Rodrigo Pérez

El Código de Ética, que entró en vigencia ayer, da directricespara el Organismo Ejecutivo, que incluye la creación obligatoria de una estructura de probidad en sus dependencias y restricciones para garantizar el uso adecuado de los recursos.

El Acuerdo Gubernativo 62-2024, que da vida a la normativa, establece que el ente citado debe asesorar, técnicamente, a las autoridades de la institución en la citada materia, en la elaboración de la propuesta de implementación a lo interno y en garantizar su cumplimiento.

También, coordinar la divulgación en la entidad del referido acuerdo, diseñar y efectuar programas periódicos y continuos de capacitación, formación, sensibilización y demás acciones que la máxima autoridad disponga en atención a los lineamientos técnicos que emanen de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) o entidad que designe el Presidente.

Asimismo, la normativa mandata como obligaciones éticas y responsabilidades el cumplimiento diligente del cargo, función, designación, nombramiento o contrato correspondiente. Adicionalmente, solicita actuar con puntualidad y esmero, mantener la confidencialidad de la información clasificada, destinar los recursos públicos, únicamente, para el ejercicio de su labor y abstenerse de cualquier abuso o utilización en beneficio propio o de terceros.

Igualmente, estipula rechazar toda forma de presión, indicación o solicitud destinada a influir, de manera ilícita o al margen del reglamento, así como el uso de vehículos oficiales o pertenecientes a instituciones, exclusivamente, para ejercicio del cargo, excepto por razones de seguridad justificadas, con análisis de riesgo y autorización de Gobernación.

Entre otras consideraciones, ordena evitar la función para influir en otros servidores, contratistas o personas relacionadas con el organismo u otras entidades gubernamentales, así como para promover el éxito de negocios privados o beneficios personales, familiares o de amigos.

En relación con el incumplimiento de lo establecido, la CNC amplió que el Artículo 16 contempla la posibilidad, en los casos de infracciones a principios u obligaciones éticas, seguir los procedimientos internos de sanción que se tienen establecidos, que van desde la Ley de Servicio Civil hasta los pactos colectivos.

Christians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos
(Ipnusac), consideró que la propuesta aporta al debate nacional en torno al parámetro que los funcionarios del Estado deben observar a la hora de cumplir con sus quehaceres, y es un aporte del Gobierno en aras de la transparencia.

Compromiso

Los servidores públicos del Ejecutivo y aquellos vinculados a este, deben comprometerse formalmente, mediante una carta de conocimiento y compromiso debidamente firmada, a cumplir con los principios y obligaciones éticas establecidas en el presente Acuerdo Gubernativo, así como en las disposiciones internas del órgano al que pertenecen.

Wendi Villagrán Fotógrafo: Archivo