En medio de señalamientos nacionales e internacionales, así como manifestaciones en su contra por parte de sectores de la sociedad civil, Nester Mauricio Vásquez Pimentel asumió ayer la presidencia de la Corte de Constitucionalidad (CC).
El abogado y notario fue electo como magistrado titular de la CC por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), en 2021, y dirigirá el máximo tribunal durante un año, como se establece en el Artículo 271 de la Carta Magna.
La Constitución indica que “la Presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos togados titulares que la integran, en forma rotativa, en período de un año, comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendente”.
El primero de los funcionarios de la VIII Magistratura en ocupar el cargo fue Roberto Molina Barreto, en 2021; le siguió Dina Ochoa Escribá, en 2022. En 2023 asumió Héctor Hugo Pérez Aguilera; este año le corresponde a Vásquez Pimentel, y en 2025 a Leyla Lemus.
Antecedentes negativos
Vásquez Pimentel cuenta con un historial que no le favorece. En julio de 2021 fue incluido en el listado de personas corruptas y antidemocráticas de Estados Unidos. La percepción ciudadana es que sus resoluciones han favorecido a actores vinculados con corrupción.
Según el abogado Edgar Ortiz, las acusaciones contra Vásquez Pimentel, que son de conocimiento público, no deberían incidir en las decisiones de la Corte, que es un órgano colegiado, en el que él solo es una de las cinco autoridades.
De igual forma, indicó que se esperaría que la “voluntad del magistrado sea hacer las cosas de mejor manera”, especialmente porque en las próximas semanas se iniciará el nuevo proceso para la elección de jueces de Salas de Apelaciones y de la CSJ.
Lo cuestionan
Mientras estaba por iniciar la ceremonia de toma de posesión, que se llevó a cabo en la Gran Sala Efraín Recinos, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, un grupo de ciudadanos manifestó contra el funcionario. Los inconformes recordaron los señalamientos que pesan contra él, en Guatemala y EE. UU.
La población exigió que las acciones del togado sean apegadas a derecho e imparcial en el ejercicio de su cargo.
Al entregar la presidencia, Pérez Aguilera aseguró que durante su período se garantizó la alternabilidad del poder y el respeto a la voluntad de la ciudadanía, con lo cual la CC cumplió con su obligación de salvaguardar el orden constitucional del país.
Por su parte, el titular entrante del alto tribunal afirmó que protegerá los derechos y garantías constitucionales de todos y velará por el restablecimiento de estos, en caso sean vulnerados.
Contrario a otras ocasiones, cuando a esta actividad asisten los presidentes de los tres organismos de Estado, esta vez el mandatario Bernardo Arévalo estuvo ausente. Desde la mañana, el Ejecutivo descartó la participación del gobernante en el acto.
Formación, cargos y acusaciones
Nester Mauricio Vásquez Pimentel es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Mariano Gálvez; maestro en Derecho Penal por la Universidad San Carlos y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; abogado y notario por la misma casa de estudios superiores.
Entre su experiencia profesional destacan los cargos que ha ocupado como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, para 2021-2026; togado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre 2014 y 2019; presidente de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la CSJ, de 2015 a 2016, y titular de la CSJ, para el período 2018-2019, entre otras funciones.
En 2021, el Gobierno de Estados Unidos lo incluyó en la Sección 353 (b) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, conocida como la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, por haber “socavado las instituciones o procesos democráticos al abusar de su facultad para incluir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales”.
Asimismo, fue vinculado al caso de Comisiones Paralelas 2020, luego de que se descubrió una nota en un documento que evidenciaría que fue beneficiado al asumir el cargo en la CSJ, según informes e investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP).
En su pesquisa, la FECI lo señaló de los delitos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita, por sus actividades como comisionado de postulación para magistraturas de Salas de Apelación. No pudo ser investigado porque la CSJ y la CC rechazaron la petición del MP.
