Estefani Cristales
Gestora Cultural
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En muchos países de Latinoamérica, incluida Guatemala, el arte y la cultura suelen percibirse como actividades de entretenimiento al alcance de las élites y, para la población en general, no son una necesidad; son un lujo que, en muchas ocasiones, no pueden permitirse. La cultura y el arte están asociados principalmente con celebraciones de interés para determinados sectores sociales. Esta visión contrasta con el derecho internacional, donde el arte y la cultura se reconocen como derechos humanos, en lugar de ser privilegios exclusivos de unos pocos. La Unesco ha enfatizado que la cultura es un pilar del desarrollo sostenible, inseparable de las dimensiones económicas, sociales y ambientales. En las consultas regionales de América Latina y el Caribe previas a Mondiacult, los Estados reconocieron que el acceso desigual a la cultura profundiza las brechas sociales y territoriales, especialmente cuando los proyectos culturales se concentran en los centros urbanos. ¿Y qué dice la legislación guatemalteca al respecto? La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce, en su artículo 57, el derecho de toda persona a participar libremente en la vida cultural y artística y establece la obligación del Estado de promover, proteger y difundir la cultura nacional.
Al hablar de cultura y arte, no solo hablamos de artistas, sino también de ciudadanos más libres, críticos y conscientes. El arte y la cultura son una necesidad y un derecho humano.
Este reconocimiento no es simbólico; se encuentra ni más ni menos que incluido en el capítulo de Derechos Humanos; por lo tanto, el derecho a la cultura y al arte adquiere el mismo rango que otros derechos fundamentales, lo que implica que debería ser de acceso equitativo para todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Los retos son muchos para alcanzar el acceso equitativo a la cultura y el arte; entre ellos, la asignación presupuestaria, la aplicación de las políticas culturales, la formación de artistas y públicos, la infraestructura y otros aspectos. Quizás el Plan Nacional de Desarrollo Cultural sea una propuesta interesante para revisar. El arte y la cultura son derechos que no deben depender de la capacidad económica individual, de la ubicación geográfica ni de las circunstancias políticas; son derechos nacionales que deben ser para todos y todas sin distinción. Si el acceso al arte se restringe a centros urbanos o a ferias patronales, el derecho cultural se convierte en una experiencia desigual, que no responde al espíritu constitucional. Concebir la cultura y el arte como derechos implica reconocer que nunca es tarde para acceder a ellos. Es de suma importancia que las nuevas generaciones, al igual que nuestros abuelos, no deban plantearse estas preguntas desde la carencia, sino desde la experiencia y el acceso. Y recordemos que, al hablar de cultura y arte, no solo hablamos de artistas, sino también de ciudadanos más libres, críticos y conscientes.
Desde una perspectiva económica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha documentado que la inversión pública en cultura y creatividad genera retornos sociales significativos, entre ellos el empleo y el fortalecimiento de identidades locales. También advierte que, en la región, el gasto cultural sigue siendo bajo y desigual. Tratar la cultura y el arte como un lujo limita su potencial como motor de desarrollo y como herramienta para fortalecer el tejido social. En este contexto, sustentar que el arte y la cultura son una necesidad y un derecho humano no constituye una frase retórica, sino una conclusión basada en la ley. Democratizar el acceso al arte requiere garantizar la educación artística, la infraestructura cultural, la formación, la circulación y el apoyo sostenido a creadores y comunidades en todo el país.
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