En busca de fortalecer el combate a la corrupción y reducir la mora judicial, los presidentes de los tres poderes del Estado y los titulares de distintas instituciones de seguridad y justicia celebraron ayer la primera reunión de la Comisión Nacional de la Política Criminal.
Entre otros aspectos, esta instancia tiene como objetivo impulsar programas interinstitucionales que permitan agilizar los procesos acumulados en el Ministerio Público (MP) y transparentar la ejecución de los recursos.
De acuerdo con el gobernante Jimmy Morales, esto requeriría un incremento en la inversión en infraestructura para el Organismo Judicial y la red penitenciaria, además del aumento de personal en el MP y el Instituto de la Defensa Pública Penal.
“Este año se dio un paso importante, con el aporte de Q490 millones que se otorgó al MP, en medio de ajustes y de la viabilidad presupuestaria”, dijo el mandatario.
Aplauden esfuerzos
La fiscal general, Thelma Aldana, calificó de histórico el interés del Gobierno por conocer la situación real de cada institución, por considerar que es la única manera de encontrar soluciones a la problemática que enfrenta la estructura nacional en este tema.
Tal postura fue compartida por el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, quien destacó el hacinamiento en las cárceles como uno de los inconvenientes más severos.
Por su parte, María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, hizo ver la importancia de mejorar la eficiencia de las entidades encargadas de brindar seguridad e impartir justicia, pues esta alcanza solo el 12.6 por ciento, según un estudio hecho por esa organización.
Para progresar en esa materia, los presentes establecieron como meta llegar al 20 por ciento de rendimiento en lapso de 12 meses.
Institucionalización
El papel del Congreso en este asunto sería la institucionalización del proyecto, para lo cual Mario Taracena, autoridad máxima de ese ente, impulsa la iniciativa de ley 5083, con la que se pretende convertirlo en un sistema nacional, que tendría como ejes la prevención, investigación y sanción de la criminalidad, además de la reinserción social de los sentenciados. *Con información de AGN
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