“Que no se equivoquen: no vamos a detenernos. La seguridad de las y los guatemaltecos no es negociable”. Con este mensaje, el presidente Bernardo Arévalo fijó postura tras la suspensión provisional de la construcción del centro de máxima seguridad El Triunfo, en Morales, Izabal, una de las principales apuestas de su administración en materia de resguardo ciudadano.
El mandatario señaló que la paralización del proyecto responde a intereses vinculados a redes del narcotráfico que buscan impedir la presencia del Estado en la zona. “Siempre hemos sabido que las redes del narcotráfico local se iban a oponer a una cárcel que implica la presencia de fuerzas de seguridad que obstaculizarán sus operaciones”, y ahora estas estructuras “comienzan a evidenciar a sus operadores y socios”.
El gobernante subrayó que la construcción de este centro responde a una deuda histórica en materia de infraestructura carcelaria. “En 40 años, ningún Gobierno quiso asumir la responsabilidad de invertir en infraestructura penitenciaria. Nosotros haremos la primera: El Triunfo”, expresó, al reiterar que el proyecto forma parte de una estrategia integral orientada a recuperar el control del Estado y limitar la operación de estructuras criminales desde prisión.
Amparo provisional
La detención de la obra fue ordenada por la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal, constituida en Tribunal de Amparo, luego de admitir un recurso interpuesto por Cresencia Antonia Guerra Hernández de Guerra, Evelyn Liliana Guerra Perdomo, Rogelio Vanegas y Carlos Armando García Mancilla.
Los integrantes del tribunal, Jessie Edith Figueroa Pereira, Claudia Marine de León Teo y Hugo Enrique Cabrera Navas, resolvieron parar de manera inmediata y provisional el proyecto, mientras se analiza el fondo del caso.
Entre los argumentos expuestos, se consideró que el edificio se ubica en un área propensa a inundaciones, lo que podría representar riesgos para la población, las personas privadas de libertad y comunidades cercanas. Asimismo, advirtió que estas condiciones podrían derivar en vulneraciones a los derechos humanos y eventuales evacuaciones.
Proyecto clave
El Triunfo está diseñado para albergar a 2 mil 74 reos de alta peligrosidad, bajo un modelo de aislamiento y control estricto, con el fin de evitar que cabecillas de estructuras criminales continúen operando desde prisión.
La estructura, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, contempla invertir Q1 mil millones y un plazo de ejecución de 12 meses.
Durante la colocación de la primera piedra, el viernes recién pasado, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que la iniciativa busca ordenar el Sistema Penitenciario. “Se impulsa para recuperar el control, ordenar una entidad que operó sin dirección y cerrar espacios de corrupción”, afirmó.
El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, destacó el alcance de la estrategia. “No basta con capturar a los cabecillas, es indispensable garantizar que, una vez privados de libertad, pierdan toda capacidad de mando”.
El analista jurídico David González señaló que la infraestructura es una respuesta técnica ante fallas del SP. “Procura que la seguridad nacional prevalezca y elimina la posibilidad de que el crimen opere desde las cárceles”, explicó.
El experto Octavio Rodríguez afirmó: “El Gobierno está retomando su autoridad”, porque estas acciones buscan garantizar el control efectivo del Estado.
Comienzo de estructura
El pasado viernes, el Gobierno oficializó el inicio de trabajos del Centro de Cumplimiento de Condena de Máxima Seguridad El Triunfo, en Morales, Izabal. La actividad fue encabezada por el presidente Bernardo Arévalo y los ministros de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y Defensa Nacional, Henry Sáenz.
Las autoridades subrayaron que la edificación en este punto del país busca consolidar la presencia institucional en un territorio históricamente afectado por actividades ilícitas, lo que marca el principio de una intervención orientada a recuperar la supremacía del Estado en la región.
La finca El Triunfo, en la aldea Quebrada Grande, sector San José Bonanza, Morales, Izabal, fue utilizada durante años como centro de operaciones para el narcotráfico, contrabando y extracción ilegal de recursos minerales.
Según el Ejecutivo, el área, con una extensión de 60 caballerías, formaba parte de un conjunto de siete fincas vinculadas a una persona extraditada de Honduras hacia Estados Unidos y condenada por delitos de narcotráfico.
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