Una situación compleja describe el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015/2016, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual analizó los resultados de las políticas públicas y el modelo económico implementado en Guatemala a partir de 1985 y hasta 2015, así como sus repercusiones.
En el estudio se destaca el aumento de la pobreza, que alcanza al 60 por ciento de la población, y la reducción de la clase media, la cual entre 2006 y 2014 pasó de abarcar el 26 por ciento al 21 por ciento de los habitantes.
Además, se menciona que el 53 por ciento de la ciudadanía no puede cubrir la canasta básica de alimentos y el 76 por ciento no logra acceder a bienes y servicios de calidad, mientras que 3 millones carecen de electricidad en sus comunidades. “Esto evidencia la necesidad de generar círculos virtuosos entre economía y amplitud de cobertura educativa y de salud, con el fin de propiciar mayor tranquilidad para los guatemaltecos”, indicó Igor Garafulic, director del PNUD en el país.
Sentarían bases
Por su parte, el mandatario Jimmy Morales se dijo consciente de la realidad de la nación, y opinó que el documento, el cual será presentado públicamente hoy, es una herramienta importante, pues permitirá evaluar los aspectos que deben reforzarse para llevar el progreso a los conglomerados más desprotegidos.
En ese marco, el portavoz presidencial, Heinz Hiemann, subrayó las acciones que desde ya se ejecutan para sentar las bases que generen productos en un mediano y largo plazo, entre las que figuran la Política Económica, que fue lanzada el 23 de agosto, con la cual se busca abordar e impulsar un crecimiento incluyente y sostenible.
Rubén Morales, titular de la cartera del ramo, aseguró que esto implica promover la participación de todos los sectores de la sociedad y abrir el mercado local e internacional a jóvenes, emprendedores y cooperativistas, entre otros, así como incentivar el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el fomento de cadenas de valor.
Otros proyectos de esta administración incluyen la creación de un plan de acceso a vivienda y ordenamiento territorial, y para forjar una mejora en las condiciones de vida de las regiones más alejadas, por lo que trabaja en agendas de desarrollo urbano y rural, cuya implementación está prevista para los períodos 2016-2032 y 2016-2020, respectivamente.
Para su puesta en marcha se contaría con el apoyo de organismos externos y el sector privado, se informó.
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