El presidente Bernardo Arévalo compara la actividad gubernamental con una maratón. Sobre todo, cuando se trata de un Estado cooptado por unas mafias que, desde sus cuevas, mantienen el complot contra las acciones que procuran imponer la decencia en las instituciones y acabar con los saqueos que
permitieron a los malandros imponer una dictadura, la cual les facilitó actuar con tranquilidad e inmisericordia.

Durante la entrevista exclusiva que ofreció al DCA, el mandatario señaló que con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones, el país se enfrenta a la disyuntiva de seguir siendo un Estado fallido o, por el contrario, se incorpora a las naciones democráticas, que velan por el bienestar general y la defensa de las garantías constitucionales.

Claro, superar este desafío pasa por el retiro de la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), quien no solo se niega a perseguir la corrupción, sino que ataca, de manera despiadada, a quienes la denuncian. De ahí que el dignatario considere que, en un año plazo, salga esa camarilla que dirige el ente encargado de la persecución, lo cual puede implicar que los guatemaltecos vuelvan a confiar en la independencia de esas autoridades.

Los acuerdos y pactos con diversos sectores sociales fue otro punto destacado por el jefe de Estado, aunque descartó aquellos que se tomen a la ligera o que pretendan que en dos meses se alcancen consensos en las políticas públicas. Refrendó la voluntad política del Organismo Ejecutivo, así como la necesidad de que estos encuentros empiecen con evidencias sobre los problemas que se buscan resolver y con metodologías de diálogos.

Finalmente, llama la atención conocer los momentos que le representan más satisfacción. “Las visitas a las comunidades para inaugurar obras y reuniones con alcaldes, liderazgos indígenas y empresariales” son las que compensan sus esfuerzos, aunque, entre todas, distingue el apoyo ciudadano recibido, al que asegura que “este Gobierno no va a defraudar”.

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En la rendición de cuentas que ofreció a los guatemaltecos, en el marco de los primeros cien días de gobierno, el presidente Bernardo Arévalo reflexionó en torno a los retos y desafíos que se enfrentan, en su camino para construir un país próspero, justo y equitativo.

Paralelamente a los logros alcanzados, el mandatario refirió los obstáculos que él y la vicegobernante Karin Herrera afrontan para desarticular las estructuras políticas que saquearon el erario en detrimento de la salud, educación y seguridad de los connacionales.

Cuando aludió a la lucha contra las mafias de cuello blanco y conciencia negra que lideraron las administraciones anteriores, el jefe de Estado dejó una perla literaria: el Organismo
Ejecutivo va en “dirección a tierra firme, lejos del pantano de la corrupción”.

Como muestra de esos adelantos, Arévalo ejemplificó con las 34 denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP), que incluyen las anomalías en la compra de las vacunas Sputnik, los trabajos en el Aeropuerto Internacional La Aurora y las dudas en las escuelas Bicentenario, de cuyos procesos no se conocen adelantos.

Tal vez fue por esa sensación de complicidad que los compatriotas y la comunidad internacional observan, el Presidente insistirá en el retiro, por la vía legal, de Consuelo Porras, a quien considera “una amenaza para la democracia”.

El llamado a la conciencia también lo realizó al sistema de justicia, a fin de garantizar la independencia de esas instituciones, llamadas a investigar y sancionar a los delincuentes que han sangrado al pueblo. De esa cuenta, demandó que las “autoridades no callen ni finjan ceguera de forma cínica y cómplice ante los hechos evidentes” de las bandas que han asaltado los recursos públicos.

Además de eliminar más de 1 mil 300 plazas injustificadas, sacar de circulación 39 estructuras criminales y hacer que el Ejército nombrara a la primera comandanta, el dignatario presumió que el nombre de Guatemala volvió a figurar en el mundo, pero con honor y dignidad, calidades perdidas por las atrocidades de expresidentes y exfuncionarios corruptos e impresentables.

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Con la aprobación del Código de Ética del Organismo Ejecutivo, que cobró vigencia ayer, el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera definieron las normas de conducta que regirán a funcionarios y contratistas que prestan servicios a las instituciones que conforman este poder del Estado.

Algunas de las disposiciones que destacan son las relativas a la creación de una estructura organizativa técnica, en cada dependencia del Gobierno, que se encargue del impulso y cumplimiento de la citada normativa, así como los criterios que se tomarán en cuenta para la asignación de cargos. En este sentido, se precisa que debe prevalecer la idoneidad, capacidad, honradez y méritos de los candidatos.

Las anteriores condiciones van en consonancia con el compromiso de los gobernantes de rescatar las instituciones, lo que implica la contratación de personal que cumpla con las calidades técnicas y académicas para ejercer con decencia y pericia la función pública.

Otros aspectos de trascendencia corresponden a las 15 obligaciones éticas y sus responsabilidades señaladas en dicho instrumento, entre las que resaltan los pedidos para que los servidores y funcionarios actúen con mayor diligencia, puntualidad y que muestren buena conducta frente a terceros.

Se especifica que los recursos públicos se deben destinar, exclusivamente, para el correcto ejercicio del cargo y advierte que no se tolerará la participación de empleados gubernamentales en actividades electorales, algo usual en los comicios.

Además, conviene citar el siguiente mandato. “Facilitar el acceso a la información sobre actos, procedimientos, pronunciamientos y resoluciones” de los entes llamados a respetar el código, lo que permitirá construir un Ejecutivo transparente, que rinda cuentas.

Finalmente, las personas que tienen relación laboral o contractual con el Gobierno deberán comprometerse a honrar las obligaciones y principios determinados, los cuales pretenden
fomentar la decencia y la lucha contra la corruptela en las dependencias del Ejecutivo.

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