EDITORIALES
Apoyo a adultos mayores es valorado por la OISS
Recientemente, Guatemala fue admitida en el Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores (PISCPAM), una adhesión que reconoce los esfuerzos que hacen las naciones para atender y dignificar a las personas de la tercera edad.
La decisión de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) viene precedida de gestiones efectuadas por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), que solicitó sumarse al reconocido movimiento regional.
El ingreso del Estado al PISCPAM tiene mucha relevancia, sobre todo porque implicó la revisión de las acciones, legislaciones y proyectos que el Organismo Ejecutivo creó y promovió para mejorar los medios de vida de los ancianos, a quienes el presidente de la República, Alejandro Giammattei, busca honrar.
Si bien las labores sobre la materia realizadas por el Organismo Ejecutivo son diferentes y desde diversas instituciones, sin duda es el Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor (PAM), liderado por el jefe de Estado y ejecutado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que tiene más impacto y dimensión entre los connacionales.
De hecho, la OISS hace referencia de la citada asistencia, así como al papel trascendente de la SOSEP, sobre todo desde la presidencia del Comité Nacional de Protección a la Vejez (Conaprov).
Sin duda, la incorporación al Programa es digno de aplauso, pero implica el reto de continuar mejorando e incrementado las medidas que eleven a mayores estados de bienestar a quienes son los verdaderos responsables de la construcción de la nación que hoy disfrutamos y habitamos.
“Esta es la mejor estrategia social que tenemos y es para agradecer a las personas que, luego de una larga vida de trabajo y esfuerzos, llegan a la tercera edad en condiciones vulnerables”, precisó el mandatario, previo a asegurar que dejará un PAM con 212 mil registros, lo que implica
duplicar las inscripciones realizadas en los 13 años previos a su gestión.
Derecho inalienable. Imprescriptible. Bien público. Son términos consignados en el Artículo 127 de la Constitución Política de la República, relativo al uso del agua. En el mismo precepto, la Carta Magna, aprobada el 31 de mayo de 1985, que entró en vigencia el 14 de enero de 1986, establece que “una ley específica regulará esta materia”.
Casi 40 años después, el Estado sigue careciendo de un ordenamiento jurídico. Y, lo peor, muchas comunidades continúan sin acceso a un servicio continuo. Ni hablar de los estándares mínimos de pureza, que ofrezcan agua potable que no repleten de casos gastrointestinales las emergencias de los centros de salud.
Los compromisos asumidos por Guatemala trascienden las normativas internas. En junio de 2010, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el país reconoció el acceso a este líquido como un derecho humano. En el mismo año, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se ratificó el compromiso de regular su uso.
Lo cierto es que nos hemos llenado de buenas intenciones. De acciones que se estancan sin mayor explicación. Aunque se sabe el trasfondo de los bloqueos. Registros de prensa refieren que, a septiembre de 2017, en el Congreso de la República se habían presentado 27 iniciativas de ley, las que se han quedado en eso: iniciativas.
En este contexto se conoce la decisión del presidente Bernardo Arévalo y de la vicemandataria Karin Herrera de convocar a un diálogo social, que permita definir un proyecto de ley que recoja las consideraciones de los diversos sectores y que sirva para regir el uso de este bien que pertenece a todos los guatemaltecos.
El Gobierno llamó a un encuentro que reúna a funcionarios y alcaldes, pero también a empresarios, académicos, sociedad civil y, principalmente, a comunidades indígenas. El propósito es cumplir el citado Artículo 127, que señala que el aprovechamiento, uso y goce del agua se regirá por el interés común.
Sin duda, este reto no será fácil de saldar. En breve, veremos los bombardeos que caen sobre el tema. Sin embargo, hoy se respiran otros tiempos. Una época en la que florece la verdadera democracia y se marchitan los privilegios.
El presidente Bernardo Arévalo lo tiene claro. Su poder viene del pueblo y a él debe responderle. Sabe, también, que las soluciones a problemas ancestrales pasan por la visión de las comunidades originarias, las que fueron olvidadas por administraciones anteriores.
El más reciente convenio social lo suscribió ayer con líderes indígenas de Chichicastenango, Quiché. Antes lo hizo con representantes ixiles, chortís, xincas y tujaales. Los acuerdos también alcanzan a Los 48 cantones de Totonicapán. Lo cierto es que estas alianzas sociales le permitirán al Organismo Ejecutivo mostrar su sentido democrático y plural y definir las obras prioritarias para atender cada región.
Pero la estrategia es más profunda y amplía. Por ejemplo, se ganan apoyos y se garantiza la gobernabilidad. El mandatario y la vicegobernante Karin Herrera están conscientes de que están en el lado correcto de la historia y a ese punto quieren sumar a las fuerzas vivas.
Además, las mafias hacen más fácil este ejercicio. Desde la primera vuelta electoral (25 de junio de 2023), los guatemaltecos están sabidos de que la lucha por el poder tiene sus diferencias. Por un lado está la decencia y la construcción de una república próspera, que vele por todos y no solo por los sectores de siempre.
En el otro extremo, con escasos, pero fuertes partidarios, están quienes exigen privilegios y se empeñan en continuar saqueando el erario. El pacto de corruptos le llaman al cártel, donde se aglutinan jueces, magistrados, fiscales, empresarios y politiqueros.
La comunidad internacional también lo tiene claro. Las manifestaciones de apoyo al gobierno de Arévalo y Herrera son constantes, así como las invitaciones a estrechar las manos de sus gobernantes.
A los mafiosos se les reprende, aparta, excluye. Ni siquiera se les permite el ingreso a sus territorios, por mucho dinero que se hayan agenciado, producto del robo descarado e impune que efectuaron, con mayor descaro, entre enero de 2016 a enero de 2024.
Lucha por la democracia y estabilidad de las instituciones. Salvar al país de las garras de los insaciables. Esa es la misión del Ejecutivo. Un propósito que suma voluntades.
Pareciera que en Guatemala existen dos realidades. O personas con doble moral. Para hacer el punto, basta citar a doña Victoria, una vecina de Ixcán, Quiché, que ayer celebró que en su aldea se
estrenara un centro de salud, el cual fue inaugurado por la
vicepresidenta Karin Herrera.
Con una sinceridad que conmueve, soltó la razón de su alegría. Cuando sus hijos tengan fiebre o tos, tendrá a dónde llevarlos. Es imposible que alguien no se estremezca al escucharla. Sobre todo, cuando se conocen las necesidades profundas que el Estado ha sido incapaz de satisfacer.
¿Cuántos discursos no escuchamos en campaña? ¿Cuántas somatadas de pecho se grabaron? ¿Cuántas promesas? ¿Cuántos tiktoks? ¡Cuántos bla, bla, bla! Lo cierto es que cuando los electos tienen que poner su grano de arena para combatir la pobreza, se hacen a un lado. Frenan las iniciativas. Pero siempre utilizan la retórica. El relato. La argumentación que destruye. Que no suma.
Si supiera doña Victoria que esos que llegan a pedirle su voto, a suplicarle su apoyo, impulsan una campaña que quiere maniatar económicamente al Gobierno. Que buscan imposibilitar al Ejecutivo de llevar más salud y educación. De construir más escuelas y mejores carreteras. De frenar el desarrollo de Ixcán y de los otros 339 municipios del país.
“El centro nos da esperanza para avanzar hacia una vida más digna”, resumió Carmen Pérez, quien también se mostró agradecida por la obra. Lo que ella parece no saber es que hay otros grupos que se oponen a llevarle progreso.
Esperanza. Esos, los mismos que en las elecciones se dicen solidarios. Justos. Probos. Ellos, que, micrófono en mano, exponen el oro adquirido por su paso en la administración pública. Los de cuello blanco y conciencia negra.
Por eso hay que apreciar los esfuerzos políticos que, últimamente, cobran fuerza. Valorar el atrevimiento y el mérito de una mayoría de congresistas que piensan en la señora Victoria. Y en Carmen. Que sabe que para construir la prosperidad inclusiva hay que invertir y dejar trabajar.
Luego llegará el momento de rendir cuentas. Ese día, ya no bastarán los discursos. Los votantes pasarán factura. Los pequeños se habrán acostumbrado a contar con un Gobierno que pensó en ellos y demostró que el dinero alcanza, cuando no se lo roban.
