Al 14 de diciembre del año pasado, según el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset), entidad de la Policía Nacional Civil (PNC), se registraban 2 mil 303 muertes por accidentes en carreteras, un 5.8 % más que en 2024. En el mismo período analizado se reportaban 9 mil 166 lesionados, un 7.8 % más que en 2025. De acuerdo con la Onset, algunas de las principales razones de los percances son por el exceso de velocidad, el incumplimiento de las leyes, el uso indebido de aparatos electrónicos y la carencia de equipo básico de prevención. Las consecuencias de estos desenfrenos se miden en tragedias personales y familiares, así como en el impacto económico que la atención de los afectados tiene en la red hospitalaria nacional.
Aunque es imposible erradicar los accidentes, dado que muchos dependen de la responsabilidad de los conductores, el Estado cuenta con mecanismos que permiten frenarlos. Las medidas coercitivas aportan a la causa, en especial, aquellas que tocan el bolsillo de quienes se creen impunes y violentan constantemente las normas. Esta es la importancia de las advertencias lanzadas por la Dirección General de Transportes (DGT), del Ministerio de Comunicaciones. La primera pasa por la imposición de multas, a partir de este mes, contra los pilotos de transporte pesado y de pasajeros que no cuenten con el Sistema de Limitación de Velocidad (SLV), mecanismo que detiene la marcha cuando se exceden los límites.
La otra acción monetaria, que se aplicará desde febrero, castigará a quienes no presenten el certificado de funcionalidad y revisión física y mecánica, que muestra la óptima conservación de los automotores. Paralelo a las citadas medidas, la DGT propondrá una reforma a la ley de transporte, vigente desde 1946, que incluya medidas preventivas y sancionatorias acordes a la gravedad de los hechos. El reordenamiento incluirá controles a los nuevos transportes, surgidos ante la incapacidad municipal de crear sistemas más eficientes, efectivos y de bajo costo, que impidan que los usuarios deban pasar penas para llegar a sus destinos diarios. El seguro obligatorio contra terceros y disposiciones que eviten la venta indiscriminada de motocicletas también son medidas indispensables en este esfuerzo por contener y reducir un problema que afecta la tranquilidad y las economías familiares y estatales.











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