Las acciones emprendidas por parte del Ministerio de Gobernación para frenar el actuar delictivo de las pandillas están llegando a donde deben llegar y doliendo donde tienen que doler. Trasladar y aislar a los líderes de ambos grupos criminales en Renovación 1 ha provocado amenazas y reacciones violentas de sus cómplices. Les han cortado las alas.
Dos revueltas en cárceles y dos ataques a camiones repartidores en la zona 12 capitalina marcaron ayer el inicio de la jornada.
Los dos hechos son atribuidos a mareros que, con ello, exigen que sus líderes regresen a prisiones en las que gozaban de privilegios. Sin embargo, ni el presidente Bernardo Arévalo ni el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, están dispuestos a doblegarse.
Ambos ratificaron una postura firme ante los actos de los antisociales. “Hoy Guatemala está atravesando acciones y amenazas de grupos criminales que ven su poder diezmado por acciones de Gobierno. A la población y a ellos mismos: sepan que no nos vamos a detener, la seguridad de nuestra gente es la prioridad”, afirmó el gobernante en su cuenta de X.
En la misma línea, Jiménez dijo enfáticamente: “Los líderes de las pandillas no van a salir de Renovación 1”. El funcionario dejó claro que no cederán a las presiones que pudieron funcionar con gobiernos anteriores, que “temblaban y negociaban ante sus amenazas”.
Los mensajes son contundentes. Van en la línea de priorizar la seguridad de la inmensa mayoría de los ciudadanos. De seguir velando por el bienestar de los guatemaltecos honrados. Del pueblo digno, privilegiado por la administración gubernamental, encabezada por Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera. Sin ceder a las demostraciones de violencia lanzadas por grupos delictivos.
Lo de ayer fue una reacción de los pandilleros en ausencia de sus líderes, a quienes se les mantiene aislados e incomunicados, toda vez que tienen establecidos códigos y estrategias para ello. En su actuar, los amotinados retuvieron a varios guardias y funcionarios del Sistema Penitenciario.
“No vamos a retroceder en las medidas adoptadas para garantizar que los centros de privación de libertad cumplan su verdadera función y no se conviertan en centros de operaciones criminales”, destacó Jiménez.
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