Vecinos de la zona 21 reportaron la escasez de unidades de transporte público. Muchos usuarios esperaron más de una hora sin buses y se vieron obligados a tomar taxis piratas, y pagar entre Q15 y Q20.
De forma paralela, circularon denuncias sobre un aumento irregular del pasaje a Q8 en el Transurbano; los ciudadanos indicaron que algunas unidades cobraban los Q5 autorizados con la tarjeta ciudadana y exigían Q3 adicionales en efectivo.
Edgar Guerra, defensor de las Personas Usuarias del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, detalló que el ente recibió las quejas y comenzaron las verificaciones. La falta de buses en rutas como Nimajuyú obligó a recurrir a transporte no autorizado, lo que “vulnera sus derechos por inseguridad y mayores costos”, sostuvo.
Guerra recordó que la explotación no autorizada de transporte colectivo es un delito tipificado en el Código Penal, con penas de hasta cinco años de cárcel y multas superiores a Q100 mil, y que esta crisis no es solo de la capital, se reportan problemas similares en Quiché, Villa Nueva, Petapa y Amatitlán, donde algunos transportistas elevaron sus precios.
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