Poco a poco, la administración que lideran Bernardo Arévalo y Karin Herrera empieza a saldar la deuda social que el Estado mantiene con los pueblos originarios. Un pendiente que ha impedido el desarrollo completo e inclusivo del país, que refleja el menosprecio que las anteriores autoridades han tenido con las comunidades lingüísticas mayas, xincas y garífunas.
Saldar ese olvido sistemático dimensiona la importancia del acuerdo suscrito ayer entre el jefe de Estado y el liderazgo xinca, con el cual se trazó la ruta para promover e impulsar la prosperidad de esta representación, que se ha caracterizado por su defensa del Estado de derecho y la democracia en Guatemala.
El referido convenio incluye 13 aspectos, con los cuales las partes firmantes definen las prioridades que deben ser atendidas, entre ellas, asuntos de larga data como el reconocimiento de los derechos comunales o la potestad que tienen para incidir en las concesiones de los recursos naturales.
Otros grandes pendientes que el tratado pretende resarcir son los relativos a educación, seguridad, salud e infraestructura productiva. La mejora de las condiciones de vida de los comunitarios también se toma en cuenta, la cual puede alcanzarse mediante el fomento del turismo y el apoyo al comercio regional.
Conviene recordar que el 14 de mayo recién pasado, el dignatario escuchó las demandas de los 48 cantones, las que, en esencia, coinciden con las solicitadas ayer, lo cual se explica por el histórico desamparo en que estas poblaciones han permanecido.
Como es obvio, estas alianzas con los representantes indígenas conllevan una parte política de suma trascendencia para el país, como el apoyo a la lucha contra la corrupción que Arévalo y Herrera han emprendido, la cual, para que sea exitosa, requiere la salida de la Fiscal General y jefa del Ministerio Público y enfrentar a las mafias y mafiosos que han robado de manera impune y voraz los recursos públicos.
