Jonathan Menkos
Ministro de Finanzas Públicas de Guatemala
La guerra en el Medio Oriente, iniciada el 28 de febrero, ha generado lo que la Agencia Internacional de Energía (AIE) califica como la mayor perturbación en la historia del mercado global de petróleo. Sus consecuencias van mucho más allá del precio del barril. El FMI advierte que todos los caminos que pueda tomar esta crisis llevan al mismo destino: más inflación y menos crecimiento.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya revisó a la baja su estimación de crecimiento global para 2026, llevándola al 2.9 %, y es probable que el FMI haga lo propio en las revisiones que hará públicas este mes. Oxford Economics estima que, de prolongarse el conflicto, el crecimiento mundial podría caer a apenas 1.4 %: uno de los peores desempeños en 40 años. El impacto, advierten el FMI, el Banco Mundial y la AIE en una declaración conjunta, es sustancial, global, y profundamente asimétrico: recae con más fuerza sobre los países importadores de energía y, dentro de estos, sobre los de menor ingreso.
Guatemala llega a esta crisis con bases macroeconómicas y fiscales más sólidas que en el pasado. Crecimos un 4.1 % en 2025, mantenemos la deuda pública más baja de América Latina —en torno al 27 % del PIB— y hemos avanzado de manera sostenida en recaudación y calidad del gasto. Esa solidez nos da margen para actuar. Ahora bien, ¿qué toca hacer en este momento de incertidumbre? Debemos crear las condiciones para que el bienestar de las familias no se deteriore, y esto pasa por mantener los servicios públicos activos y defender la actividad económica y el empleo. En el corto plazo y de carácter temporal, se requiere reducir el precio del diésel, pues es el combustible que transporta la mayor parte de mercancías, insumos para la producción y a las personas. Mitigar el traslado del costo del diésel a los alimentos no es una opción: es una obligación.
Guatemala necesita avanzar en el teletrabajo como política de modernización.
Pero la agenda no puede detenerse ahí. Guatemala necesita avanzar en la regulación y promoción del teletrabajo como política permanente de modernización de la vida laboral, y para la reducción del consumo de combustibles. Un día de trabajo en casa también impacta positivamente en el bolsillo de quien no necesita gastar en transporte.
En el mediano plazo se requiere continuar la transformación de la estructura productiva del país: fortalecer la producción nacional de alimentos con inversión en infraestructura rural, acceso a crédito y tecnología para los pequeños agricultores; reducir la dependencia de fertilizantes importados mediante la exploración de alternativas efectivas y cuidadosas con el ambiente; y ampliar los sistemas de protección social para que los hogares más vulnerables tengan un piso mínimo de certidumbre.
Nada de lo anterior es posible sin acuerdos políticos. El Congreso y el Organismo Ejecutivo tenemos sobre la mesa iniciativas que pueden marcar una diferencia real e inmediata en la vida de las familias guatemaltecas. Estas iniciativas pueden ayudar a crear un escudo nacional frente al impacto nocivo de la guerra en Medio Oriente.
Más allá de las medidas de emergencia, debe ser el inicio de una discusión más amplia sobre cómo reducir, de manera estructural y sostenida, la dependencia de Guatemala de los combustibles y demás insumos productivos derivados del petróleo. Las crisis revelan las prioridades de la sociedad. Esta debe revelar que Guatemala es capaz de construir los acuerdos que permitirán proteger a los ciudadanos por medio del cuidado de la actividad económica y el empleo.
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