Antes de proseguir sobre el gravísimo error cometido por CICIG-MP, defendido este por el comisionado en su publicitada entrevista aparecida en el vespertino La Hora (tres entregas, jueves, sábado y lunes) –gravísimo error, decíamos– de haber perseguido una infracción administrativa como delito o falta –categorías estas últimas que pertenecen al ámbito penal– torpeza que, además, por su arbitrario e ilegal manejo, agrió las relaciones entre el comisionado y el Estado, debo hacerles una severa y necesaria llamada de atención. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –creación nuestra convenida con la Organización de las Naciones y para cuyo funcionamiento aportan recursos varios Estados en calidad de donantes– la actividad de los donantes, aportación de recursos, su única participación pactada en cuanto a esta tiene como fin esencial apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que operan entre nosotros, atribuyéndosele como función primera la señalada en la literal a) de sus funciones: “determinar la existencia de cuerpos de seguridad y aparatos clandestinos, su estructura, formas de operar , fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado y otros sectores que atenten contra los derechos civiles y políticos en Guatemala”.

En síntesis, la lucha en contra de las organizaciones clandestinas que vulneran los derechos humanos de los guatemaltecos, así como la posible participación en este tipo de organizaciones, de agentes del Estado o de otros sectores. Siendo tal el fin de la Comisión establecida a través del Convenio, convenio en materia de derechos humanos, tal su función primera, resulta el colmo y absolutamente injustificable que, a estas alturas, no exista reacción alguna de su parte, lo cual incluye también a la anterior fiscal general –ni acción alguna– para perseguir a los asesinos de los dirigentes campesinos José Cal Chol, Luis Marroquín y Mateo Chaman Pauu, asesinatos que no se produjeron por emanación espontánea, como tampoco la tortura y asesinato del joven ciudadano Daniel Rodríguez.

Estamos ante la persecución y castigo de estos asesinatos, ante lo que determina la razón de ser de la CICIG, entidad surgida de un convenio –debo reiterarlo – así se calificó, a iniciativa nuestra – en materia de derechos humanos. Si incapaz la Comisión de coadyuvar en la persecución y castigo del atropello de la vida, ¿qué podría esperarse de sus acciones en todo lo restante? ¿Nada detrás de la muerte de estos campesinos? ¿Del joven comentarista en las redes? ¿Ningún cuerpo de seguridad o aparato clandestino? ¿Nada a determinar sobre la estructura de estos, sus formas de operar, sus fuentes de financiamiento y su posible vinculación con entidades o agentes del Estado u otros sectores? No se tratan estos crímenes de casos espectaculares que acaparen la atención mediática, y resulta más fácil proseguir con el tema del hijo y del hermano del Presidente y –ahora– con el de los empresarios, exhibidos estos como criminales, sin serlo, autores de un delito que en ellos –limpio su dinero– carece existencia alguna ¡No son los empresarios ningunos criminales!, noticias estas que sí venden: “Hijo y hermano del Presidente de Guatemala capturados por corrupción”, “Empresarios de Guatemala confesos y procesados por financiamiento electoral ilícito”, “Nuevo antejuicio en contra del Presidente de Guatemala por haber financiado ilícitamente su campaña electoral”.

¿Y, los asesinados? ¿Y el derecho a la vida, sin este derecho, imposibles los otros? En la despedida de la fiscal general, despedida realizada “al alimón” con el Comisionado, no hubo alusión alguna a los tres asesinatos, asesinatos a los que, al parecer, ya se ha sumado uno más; como tampoco al otro, el del joven periodista sin miramiento alguno, aquella despedida. Al irrefutable hecho de que, como lo hemos repetido tan reiteradamente, cada crimen que se deja impune deja abiertas las puertas, de par en par, para el crimen sucesivo. Ni siquiera una alusión a estos crímenes – en aquella despedida –pero sí–y profusa– a lo espectacular, los “crímenes” perpetrados por los empresarios por haber suministrado fondos –fondos legítimos– para que fiscales supervisaran, en cada mesa electoral, la pureza de las votaciones y del recuento de los votos, y el antejuicio a promoverse contra el Presidente (plazo fatal de 8 a 15 días impuesto para hacerlo a la nueva titular) por el “crimen” de no haber aceptado aportaciones de estos empresarios para su campaña electoral, en manos de estos apoyar, o no, con la fiscalización de votaciones y el recuento de los votos. Hasta aquí, la severa y necesaria llamada de atención que, si la vida no importa a la Comisión, ni importa a la Comisión la persecución y castigo de organizaciones clandestinas que atenten en contra de la vida –sin este derecho, ninguno– sí importa a los guatemaltecos y –tan importa– que por eso se celebró el Convenio y por eso se le dio el carácter que le dimos, convenio en materia de derechos humanos.

Nada mejor para cerrar la severa y necesaria llamada de atención que me he permitido formular que las palabras del propio comisionado: “Cuando un homicida tiene la garantía del 97% de impunidad en la comisión de un homicidio, probablemente no se va a detener para cometer el segundo…”, a lo que agrego, ni el tercero, ni el cuarto… ¿Qué tal si predican con el ejemplo? Volviendo a la entrevista del comisionado y al caso del hijo y del hermano del Presidente, reitero que coincido con él en cuanto a que la infracción administrativa no fue inventada por CICIG-MP para perseguirles y –a través suyo– al Presidente, pero lo que se omite decir y que sí  hicieron, fue dar a la infracción administrativa –infringiendo la Ley– la connotación penal de delito o falta, connotación que no tenía, ni tiene, infracción a la Ley de Contrataciones del Estado que debió de perseguir y castigar la Contraloría General de Cuentas.

Este caso, el del hijo y el hermano –manejado penalmente– quiso utilizarse como un ejemplo –ejemplo dado por la CICIG-MP, de que la Ley llega a todos por igual– loable el mensaje –y que toda cantidad importa, pequeña o grande– loable también, pero, en la emoción del mensaje a dar perdieron ambos la dimensión del caso: se trataba de una infracción administrativa imputable, de conformidad con la Ley, tan solo a los funcionarios –sin que– además hubiera defraudación alguna al patrimonio del Estado, ya que simulaciones aparte –ilícito civil– el Estado recibió como contraprestación de su pago lo que –de verdad– compraba. Un mínima investigación hubiera bastado para comprobarlo, investigación que, de haberse hecho, hubiera evitado el error y la torpeza.

El ejemplo que quiso darse –correcto– pero el caso que quiso usarse para darlo –errado– y el escándalo de la noticia internacional servida y su escandaloso manejo interno hicieron de este un caso de Estado, caso con el que se pretendió minar la autoridad del Presidente – y, si no esa, la intención, tal lo conseguido. Dice el comisionado en su entrevista que –conjuntamente con la ex fiscal general– han planteado que la actitud de los imputados o de personas objeto de investigación debe tener una respuesta acorde de la justicia –correcto planteamiento–, y agrega que si la actuación procesal demuestra que en un caso específico no se dan los fines de la prisión preventiva –evitar la fuga o la obstaculización de la Justicia– y no se trata de delito que lo impida, tanto el MP como la CICIG han venido solicitando que se conceda una medida sustitutiva de la prisión preventiva, lo cual también es correcto.

Sin embargo, lo que omite el comisionado en la entrevista, ¿Por qué no reconocer errores?, es que en el caso del hijo y del hermano del Presidente, el MP y la CICIG hicieron exactamente lo contrario –tal vez a espaldas de sus cabezas–, puesto que hijo y hermano –con ingenua candidez– llevados de la mano por sus funcionarios de MP-CICIG, dijeron todo lo hecho, sin omitir detalle alguno y se pusieron a su más absoluta disposición, pero –a pesar de ello– se solicitó orden de captura contra ambos –orden de captura absolutamente innecesaria–, se allanó la vivienda del hermano, se le capturó y se le exhibió ante los medios de comunicación – innecesario e ilegal (tan innecesaria la captura que el hijo se presentó al tribunal, sin que fuera necesario capturarle) y –para ambos– se pidió prisión preventiva y –para ambos– se obstaculizó, originalmente, que se les diera medida sustitutiva alguna.

Lo que no ha llegado a comprender el comisionado –tampoco lo comprendió la exfiscal– o no quisieron comprenderlo (implicaba reconocer los errores perpetrados) es que al Presidente de la República –pese al error que cometían de perseguir una infracción administrativa como delito o falta, comprendió que podía cometerse– nadie es infalible –y que es obligación de todos someterse a la Justicia– lo que comprendió e hizo, pero que lo que –necesariamente– tenía que ser más difícil que pudiera comprender –es incomprensible– es la persistencia que ha habido en el error, los humillantes allanamientos, captura y exhibición del hermano –innecesarios y escandalosos, ilegal, así como la noticia internacional servida– falsa– porque el hijo nunca fue capturado, y tendenciosa, por la forma de servirla –así como la prisión preventiva instada contra ambos. ¿Peligro de fuga? ¡Por favor! ¿Obstaculización de investigaciones, después de seis meses, todo investigado? ¡Por favor¡ En cualquier otro Estado del mundo sería casi inconcebible ver al Presidente y su esposa visitando a su hijo en prisión preventiva.

Tuve la ocasión de verlo, conmoverme y apreciarlo. El Presidente que prolongó el mandato de la CICIG. Resulta esta una buena ocasión –la de este debate– para dejar claro que mi posición con respecto al comisionado y a la Comisión –idéntica a la del excanciller Carlos Raúl Morales– claramente sostenida en el viaje de agosto pasado a Nueva York, fue la de solicitar evaluación y auditoría sobre su desempeño y no la destitución del comisionado, posición que fue exactamente la que ordenó el Presidente de la República y la que sostuvo en la reunión habida con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, posición que sostuvo hasta entonces. Dejar claro, asimismo, que no participé en la reunión con el citado secretario general, por decisión propia, compartida con el Presidente y el excanciller, siendo de mi puño y letra en castellano, sin traducción a ningún otro idioma –la guía– ayuda de memoria convenida y que rigió la reunión, documento no entregado, y posteriormente a la Secretaría, como nota verbal –y supongo que textual– por nuestro representante permanente ante la Organización. Nada –absolutamente nada– tuve que ver con la declaración de persona non grata del comisionado – ni como concepto, ni en su ejecución.

Que todo cuanto hago, lo hago de frente y que asumo –sin tapujos– la responsabilidad de cuanto digo y cuanto hago. Que me parece deleznable la fafa que supongo corrida para servir falsas informaciones en mi contra (que no se me habría permitido el ingreso a la reunión, por ejemplo), así como la falta de seriedad de quienes –sin profundizar en los hechos– las han secundado.  ¡Cuidado con los que se dicen sus amigos y que –con su miopía o segundas intenciones– les empujan a los errores cometidos! ¿Contra el comisionado? ¡En absoluto, pero, quede claro también que, puesto a escoger entre el Presidente, jefe del Estado y representante de la unidad nacional, electo por el pueblo y –precisamente– a quien se debe la permanencia entre nosotros de la CICIG –fue él quién prolongó su mandato– y el colega colombiano, funcionario internacional contratado para el desempeño de su cargo, no podría dudarlo ni un instante, siendo mi opción –necesaria opción para cualquier guatemalteco– la de nuestro Presidente y, si no llegasen a caber ambos entre nosotros, sería el comisionado –necesariamente– quien no cabría. (continuará)

Acisclo Valladares Molina