Aceptar errores (tercera parte) El indebido uso que se ha hecho  – y que se sigue haciendo – de la prisión preventiva

El error incurrido por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, error que consiste en promover el indebido uso de la prisión preventiva como que si se tratase de la norma y no de la excepción, se trata de un mal inveterado entre nosotros y que ha tenido el perverso fin de aparentar una eficiencia que no existe.

La CICIG no lo introdujo, pero, lejos de apartarse de este vicio, lo hizo propio y, así, ha manejado con escándalo los diferentes casos en que participa, los espectaculares allanamientos y capturas y –como quien no quiere la cosa o a veces incluso con descaro– la exhibición de los detenidos para culminar sus acciones con la prisión preventiva de los imputados, prisión preventiva con que se crea la apariencia de haber culminado: los imputados en prisión, sufriendo su castigo, y la población –en el imaginario popular– sumamente satisfecha. “Se hizo justicia”.

La excusa perfecta para negar responsabilidad de CICIG-MP en esta aberración –el uso abusivo de la prisión preventiva– es que, finalmente, son los jueces, y no la acusación penal, quienes la decretan, limitándose la acusación penal –“tan solo”– a requerirla.

La excusa –desde un punto de vista estrictamente formal– es muy buena, puesto que, en efecto, son los jueces quienes, al final de cuentas, la decretan, pero oculta la presión, incluso mediática, que se ejerce sobre estos y que es la acusación penal CICIG-MP la que se jacta de tener en prisión (ni siquiera se habla de preventiva a dos expresidentes, a una vicepresidenta, a varios exministros, a varios expresidentes del Congreso, etc.) algo que deja boquiabierto a cualquiera, entusiasmo que decae, obviamente, cuando se explica que en contra de estos nada se ha probado y –que hasta la fecha– no han sido ni absueltos ni condenados.

Para la clac mediática sería grave que estos funcionarios –los peces gordos– fueran objeto de medidas sustitutivas y que –en consecuencia– dejasen los centros de detención, ya que – entonces se perdería la sensación dada de eficiencia y de que el castigo se ha alcanzado. Se perdería la sensación de que se ha hecho justicia.

El comisionado, en la entrevista publicitada por el vespertino La Hora, no reconoce expresamente el error, pero sí lo hace implícitamente, y así explica (esto lo dice la Ley) que la prisión preventiva procede solamente en el caso de delitos para los cuales la Ley no permite medidas sustitutivas, siendo estos muy pocos (asesinato, violación agravada, calificada o de menor de 12 años, plagio o secuestro, sabotaje, robo y hurto agravados, narcotráfico…) y con respecto a los demás, solamente en el caso de que exista peligro de fuga del encausado o de obstaculización de la Justicia (los 2 únicos casos).

Reconocimiento implícito del error, es la nueva actitud asumida por la persecución penal CICIG-MP en los casos de los empresarios, casos en los que ha abogado por medidas sustitutivas en su favor y en los que se ha abstenido de medidas escandalosas, allanamientos, capturas y exhibición ante los medios, lo que contrasta –por ejemplo– con lo actuado en el caso del hijo y del hermano del Presidente, allanamiento y captura, escandalosos, exhibición del detenido, prisión preventiva y noticia escandalosa, así servida: “Hijo y hermano del Presidente de Guatemala capturados por corrupción”.

En el caso de los empresarios, se abstuvo de ver –caso de Álvaro Mayorga– la posible eximente del estado de necesidad (morder, para ser pagado de lo legítimo, y no quebrar) –eximente contemplada por la Ley– y en el caso de los otros empresarios, el del supuesto financiamiento electoral ilícito, la inexistencia de delito.

“Muy respetables” los empresarios, sí, pero a pesar de no instar para ellos prisión preventiva –menos mal– tratados como delincuentes; el grave delito, el uso de su propio dinero, dinero limpio, para asegurar la debida fiscalización de las votaciones y del recuento de los votos.

¿Cuál el bien jurídico, tan celosamente tutelado? ¿Cuál el crimen?

Reconoce el comisionado, implícitamente, el error del mal uso de la prisión preventiva y plantea una serie de reformas a la Ley, a las que me referiré, posteriormente, pero nada dice sobre el uso de la inexistente figura de la prisión “provisional”, inexistente en la Ley, pero inventada, a ciencia y paciencia de CICIG-MP, para ocultar la violación constitucional de no oír en primera declaración al detenido, dentro del plazo constitucionalmente establecido.

Podría pensarse que esta fiscalización del cumplimiento de la Ley no compete a la acusación, pero tal apreciación solamente denota que no se conoce que en Guatemala, la función primera del Ministerio Público es velar por el estricto cumplimiento de la Ley, la Constitución Política de la República, la primera, así como perseguir a sus infractores y que la CICIG –coadyuvante suyo–, conforme el Convenio, es algo que ya debería saber a estas alturas.

¿Incumplido el plazo constitucional? Pues, persecución y castigo para los infractores y no la invención de una “prisión provisional” inexistente y, de igual forma, en lo que respecta a quienes mal exhiben a los detenidos los lugares “disimuladores”, la carceleta y la conducción por plaza y pasillos y, así, vimos al expresidente Álvaro Colom, “conducido”. (Exhibido). ¿Prisión preventiva fuera de los delitos en que obligada y sin peligro de fuga u obstrucción de la Justicia? ¿Acaso no merece persecución y castigo? ¿Allanamientos y capturas, cuando innecesarios y escandalosos…

El reconocimiento implícito de errores lleva a los nuevos planteamientos sobre prisión preventiva y libertad, en el proceso, así como a prisión y libertad, incluso en el cumplimiento de condenas, planteamiento que debe partir del cumplimiento de las leyes existentes (la prisión preventiva, la excepción y no la regla), porque –si las leyes vigentes no se cumplen–, ¿por qué habrían de cumplirse otras distintas?

Nuestro mayor problema, el del incumplimiento de las leyes que, sí, cumplidas, poco espacio quedaría para reformarlas.

Lo planteado por el comisionado, sin embargo, –hecha la observación– tiene sentido, la posibilidad de la prisión preventiva entre muros (en una cárcel) y la posibilidad de esta misma, pero en la residencia misma del procesado, en su propia casa, recluido en esta, sin poder salir de ella, brazalete de por medio. (Se encuentra, así, igualmente detenido).

Prisión en una cárcel o prisión en su casa, incluso para el cumplimiento de condenas…

Al igual que la prisión, reflexionar seriamente, sobre la libertad vigilada, aceptando una y otra, múltiples variantes. Las propuestas de reformas legislativas –las constitucionales las menos afortunadas– poco afortunadas han sido por parte de la Comisión que, conforme su mandato, debería limitarse a los planteamientos generales (la formación de la ley tiene establecido un procedimiento constitucional que debe respetarse) y no caer en mecanismos no previstos como tampoco en “ocurrencias”, una de las “ocurrencias” casuísticas, que se reduzca del cómputo de prisión efectiva la demora procesal que cause el encausado, la que surge de la errada apreciación de que la “interposición” de amparos o de “recusaciones” interrumpe los procesos cuando el caso es que la simple “interposición” nada interrumpe, y que unos y otros tienen plazos para tramitarse y resolverse, claramente establecidos por la Ley.

Dicen que el camino del infierno se encuentra empedrado de buenas intenciones, y esta idea de no computar como tiempo de prisión cualquier demora que se deba encausar, no solo se presta a arbitrariedades sino que puede disuadir, desalentar o tergiversar el ejercicio del derecho (derecho humano) de defensa.

La idea de reducir a la vivienda la restricción de libertad, distinta a cárcel, es también sumamente discutible.

Legislar es una labor política por excelencia, y promover legislación implica una acción política por excelencia, exclusivo el derecho de petición en la materia a los guatemaltecos, lo que no descarta aporte técnico dentro de los precisos límites de lo convenido.

Respétese el ejercicio de la iniciativa de ley, en aquellos que la tienen.

Es muy acertada la observación hecha por el comisionado –en repetidas ocasiones me he referido a este tema– de que es necesario que un nuevo Código Penal –Derecho sustantivo– “Código Penal Único, sistemático y coherente”  reúna en un solo cuerpo todos los delitos y faltas que, cada ley que ha surgido entre nosotros –sea su materia, la que sea– ha traído bajo el brazo su muy particular ramillete de delitos, habiéndose convertido lo sustantivo penal en una auténtica Torre de Babel.

Lo penal, la última ratio del Derecho, irrespetado y manoseado. (Lo del delito de financiamiento electoral ilícito, segundo párrafo, si bien al menos en el Código –chapuz incorporado– significativo y claro ejemplo de esa Torre, del “populismo punitivo”, de la desproporción asimétrica, graves las penas para delitos que deberían tenerlas menores, y leves para otros que deberían tenerlas graves.

Acertada la observación que cita el colega colombiano en cuanto a esta desproporción y asimetría, pero sin comprender su origen y su incidencia incluso en lo adjetivo penal, siendo este origen en que el Código Penal –Derecho sustantivo– data de 1973, promulgado en pleno conflicto armado, vigente, en lo procesal, el sistema inquisitivo, secreto y escrito, en tanto que el Código Procesal Penal, Derecho adjetivo, Código que data de 1992, es prácticamente un Código posconflicto –las pláticas de paz culminadas en 1996 ya habían comenzado– e introdujo el sistema procesal acusatorio, oral y público:

En otras palabras, Códigos Represivo –uno– y libertario –el otro– nos encontramos con agua y aceite, no solo ya Torre de Babel sino imposible su manejo conjunto y convivencia, los resultados, a la vista.

Seguiremos con este necesario debate y, así, además de otros temas tratados, nos referiremos a las violaciones del acuerdo en que han incurrido el comisionado y la Comisión, y que deben corregirse, dicho por quien no propugna porque cesen o se vayan, sino porque, para beneficio de todos, corrijan sus errores y se alcancen los fines perseguidos; el mejor aliado de la corrupción, la persistencia en los errores: no corregirlos. (Continuará)

Acisclo Valladares Molina