De acuerdo con cifras del Registro Nacional de las Personas, aproximadamente el 41 por ciento de la población, casi 7 millones de guatemaltecos, son menores de 18 años, situación que requiere del Estado un compromiso serio que se traduzca en políticas públicas de apoyo al desarrollo de ese sector.
Estas actividades gubernamentales deben abordar aspectos de salud, educación, oportunidades laborales, arte, cultura y recreación, entre otros ámbitos relevantes.
Pero para lograr que la sociedad ubique la atención en temas de los niños, adolescentes y jóvenes entre los asuntos prioritarios, es necesario, inicialmente, que se garantice su protección ante los riesgos propios de un país con altos índices de pobreza e inequidad, y frente a las amenazas del crimen doméstico e internacional.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha enviado mensajes fuertes en ese sentido, con el rescate de 2 mil 733 menores víctimas de distintos vejámenes durante 2016, de los cuales mil 55 casos ocurrieron en la capital.
Solo durante junio y julio la entidad reportó medidas en favor de por lo menos 100 niños y jóvenes, entre las que destaca la recuperación, a mediados del mes pasado, de 39 que se encontraban en una casa hogar en condiciones no adecuadas; y la más reciente, conocida ayer, en favor de 4 infantes y 2 adolescentes en Fraijanes, Guatemala, quienes eran obligados sistemáticamente a mendigar.
Es de resaltar que para lograr sus objetivos, la PGN ha consolidado vínculos efectivos con el Organismo Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, la institución del procurador de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Adopciones y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, por mencionar algunas organizaciones.
Asimismo, ha promovido el tema en foros nacionales e internacionales, para informar y concienciar cada vez a más actores sobre la importancia de que se respeten los derechos de la juventud.
Sin duda, la nación tiene mucho trabajo por hacer en cuanto al mejoramiento de las condiciones de vida de los menores, y las acciones de la Procuraduría contribuyen a que la comunidad reconozca que se debe y se puede ofrecerles más oportunidades.
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