Uno de los flagelos que aquejan a los guatemaltecos es la criminalidad, en sus diferentes expresiones, entre ellas los secuestros, delito con el cual las estructuras ilegales han lucrado.

Sin embargo, los esfuerzos interinstitucionales para contrarrestar ese mal se han ido fortaleciendo en los años recientes, con resultados que reflejan la buena coordinación entre los entes encargados de la lucha contra la delincuencia.

Según reportes del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), el año pasado hubo una disminución en los plagios. En 2014 se reportaron 45 víctimas, mientras que en 2015 esa cifra bajó a 24. Los plagiados fueron liberados por las fuerzas de seguridad.

Pero las acciones no solo han quedado en la liberación de los retenidos de manera ilegal, pues se ha desarticulado, capturado y llevado a los tribunales a los presuntos responsables de esos hechos.

En este sentido, el año pasado fueron desmanteladas 21 estructuras criminales que supuestamente se dedicaban a cometer esos hechos delictivos, y 100 presuntos delincuentes fueron detenidos.

Las investigaciones de la Fiscalía y las acciones de la PNC para combatir a esos grupos ilegales han sido determinantes, pues se han convertido en acciones que han salvado vidas, como lo manifiesta el viceministro de Seguridad de la cartera de Gobernación, Élmer Sosa, al afirmar que entre 2012 y 2015 fueron desbaratadas 99 de esas organizaciones criminales.

La Unidad contra Secuestros, del MP, ha identificado el modus operandi de las bandas delictivas: estudian el perfil económico de sus víctimas, al cual tienen acceso mediante un informante que les facilita datos de sus estados financieros, movimientos y horarios de actividades.

Por ello, las autoridades recomiendan a los guatemaltecos no revelar ninguna información sensible, como la descrita, pues pueden caer en manos de algún miembro de organizaciones ilegales y ser aprovechadas para su beneficio. También aconsejan que, de manera inmediata, denuncien los hechos que pudieran atentar contra su integridad.

Los entes encargados de la seguridad y de investigar los actos delictivos tienen la tarea de aportar las pruebas científicas que demuestren ante los Tribunales que los capturados son responsables de los delitos que se les imputan, y la Justicia dictar los castigos. La ciudadanía también puede aportar, dejando atrás el temor, al fomentar la cultura de la denuncia.