EN EL PAÍS
Abre operaciones pozo de agua en la zona 6
Foto: Municipalidad de Guatemala
Para mejorar la infraestructura hídrica de la capital y asegurar el suministro, la Empresa Municipal de Agua de la ciudad de Guatemala (Empagua) abrió las operaciones del Pozo Jocotales III, en el Proyecto 4-10, zona 6, con una inversión de 8 millones de quetzales, para beneficio de decenas de miles de familias.
Álvaro Rodas, gerente general de Empagua, informó que la estructura tiene una profundidad de 609 metros y capacidad de producción de 25 litros por segundo, esto se suma a los recursos existentes para incrementar la disponibilidad.
Rodas subrayó el esfuerzo técnico y la coordinación que fueron necesarios para llevar a cabo el proyecto. “Seguiremos con la implementación de medidas que garanticen un suministro seguro y confiable para los vecinos”, añadió.
Mientras que el alcalde Ricardo Quiñónez destacó la importancia de la obra para los usuarios de la zona. “La puesta en marcha es un paso fundamental en nuestro compromiso de asegurar que todos cuenten con acceso a agua potable”, enfatizó.
Por otra parte, Ninotchka Matute, concejal octavo por el Movimiento Semilla, objetó que esta administración lleva casi 40 años de continuidad, por lo que “es imperdonable el abandono que se ha hecho de la infraestructura hídrica en la ciudad, pues seguimos subsistiendo con las obras que se hicieron hace 70 años”.
Hizo notar que la perforación indiscriminada de pozos en el área metropolitana ha provocado un importante descenso de los acuíferos.
“El agua cada vez es más escasa y está a mayor profundidad, lo que implica también una mala calidad porque a esas honduras trae metales pesados”, concluyó.
Durante un en vivo en Tik Tok, el presidente Bernardo Arévalo fue cuestionado sobre qué pensaba del proceso de interpelación en el que se encuentran cinco ministros de su Gabinete. Respondió que lo único que buscan es entorpecer el funcionamiento del Gobierno.
“Tengo a un ministro de Relaciones Exteriores, el responsable de la política exterior del país, quien debe organizar y coordinar”, pero no puede salir porque está en la cola para ser cuestionado por razones tontas, afirmó el mandatario, al considerar que lo que más les interesa “es entorpecer el funcionamiento” del Ejecutivo.
El jefe de Estado reiteró que son cinco funcionarios quienes tienen que estar todos los jueves sentados en el Congreso, en vez de estar trabajando en sus carteras. “Esto lo hacen para frenar la capacidad del Gobierno de laborar, y eso al único que daña es al pueblo de Guatemala”, manifestó.
Los titulares de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez; de Desarrollo Social, Abelardo Pinto; de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Félix Alvarado, y de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, esperan rendir cuentas ante el Legislativo, mientras el responsable del despacho de Gobernación, Francisco Jiménez, avanza en el proceso.
El gobernante estuvo acompañado del ministro de Agricultura, Maynor Estrada, con quien abordaron distintos temas; entre ellos, víveres que han entregado a familias que viven en inseguridad alimentaria; apoyo a pequeños agricultores y caficultores y medidas que se están tomando para proteger los cultivos ante el exceso de lluvias.
EN EL PAÍS
Urge a tomar medidas contra los desechos sólidos
Vicepresidenta Karin Herrera exhorta a alcaldes para coordinar esfuerzos para enfrentar la crisis del agua
Durante su participación en el evento Summit 2024 Agua Limpia, Desarrollo Humano, la vicepresidenta Karin Herrera hizo un llamado urgente a los alcaldes para que tomen acciones concretas en la gestión de los desechos sólidos y destacó que este es un aspecto fundamental para la protección de los recursos hídricos.
La vicemandataria instó a asumir su rol con responsabilidad, y subrayó que es necesario dar un paso al frente por sus comunidades, “por la salud y el bienestar de sus jurisdicciones”.
También resaltó la reciente creación del Gabinete del Agua, que busca precisamente ser el espacio de coordinación entre comunas, sector privado, academia y sociedad civil, para generar soluciones concretas que protejan el líquido vital.
“Debemos trabajar unidos”, destacó, e hizo énfasis en que los esfuerzos aislados no son suficientes. Además, se refirió a la importancia de replicar buenas prácticas, como las iniciativas exitosas en la clasificación de residuos que ya se observa en algunos municipios.
Sin embargo, resaltó que aún falta mucho por hacer para garantizar un manejo eficiente que no afecte las fuentes de agua. La funcionaria también destacó que la protección acuífera debe ser una prioridad nacional, con compromisos firmes de todos los sectores. “Es un recurso vital y no podemos seguir fallando en su protección”, afirmó.
Por otra parte, la ambientalista del Movimiento Ciudadano HaciendoECO, Jeanne Samayoa, resaltó la importancia de abordar la contaminación y expresó su preocupación por el impacto en la salud infantil. “Si el 95 por ciento de nuestros ríos está contaminado, ¿cómo vamos a garantizar una vida digna a nuestros niños?”, cuestionó la analista.
Foto: MP
En seguimiento a las investigaciones del caso B410, por defraudación millonaria al Estado, la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizó ayer 11 allanamientos en inmuebles relacionados con nueve empresas acusadas de facturar la venta de bienes y servicios a entidades gubernamentales, con documentos y
direcciones falsas.
Además de los operativos, la Fiscalía presentó en la Contraloría General de Cuentas (CGC) 15 solicitudes de fiscalización que involucran a 13 organizaciones gubernamentales y municipalidades. Dichas instituciones realizaron adquisiciones de productos y servicios a un entramado de corporaciones, según fue expuesto por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en agosto pasado.
De acuerdo con el ente tributario, entre 2021 y 2023, la red realizó ventas por 5 mil 730 millones de quetzales, pero solo declaró 26.9 millones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR).
El MP indaga el uso fraudulento de recursos estatales, ya que la SAT denunció que el 75 por ciento de las 410 empresas involucradas fueron constituidas por el mismo abogado, y todas ellas contaban con el mismo representante legal.
Las pesquisas apuntan a que las compañías presentaban estados financieros con capitales mínimos y una relación de débitos y créditos inferior a lo habitual.
