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Abogados ven infundadas las acusaciones contra el mandatario
Solo un órgano jurisdiccional tiene competencia para calificar si hay o no delitos, afirman expertos consultados, quienes coinciden que debe prevalecer la presunción de inocencia
El principio de presunción de inocencia debe prevalecer en todos los casos que investigue el Ministerio Público (MP), aseguraron expertos en temas legales, luego de que, tras la presentación de un caso contra el presidente Bernardo Arévalo, por el cual se pidió el retiro del antejuicio, el ente encargado de la persecución penal acusó al mandatario de corrupto.
El MP solicitó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirar la inmunidad al dignatario por los supuestos delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, cuando estableció un mecanismo de pago a empresas con contratos de obras de la administración de Alejandro Giammattei y que desobedeció la exministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Jazmín de la Vega.
La Fiscalía vincula al gobernante con supuestas órdenes ilegales para el pago a constructoras, algunas de las cuales, según el MP, figuran en la lista de las 410 empresas que habrían defraudado 300 millones al fisco, como lo denunció la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el 14 de agosto pasado.
Emite juicio
“De acuerdo con los hechos que fueron de conocimiento de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el principal responsable de fomentar la corrupción e impunidad en Guatemala es el presidente César Bernardo Arévalo de León”, aseguró, al inicio de la presentación, la aludida institución.
“El MP no es la autoridad para calificar si hay o no un delito; solo indicios. Es un órgano jurisdiccional el que decide si hay o no un acto delictivo. No le compete a este ente prejuzgar o hacer apreciaciones adelantadas o, de una vez, calificar”, dijo Nineth Montengro, licenciada en Ciencias Jurídicas y exdiputada del Congreso.
“Es una conferencia de prensa y se debería mantener el tema de la presunción de inocencia hasta que surjan todos los procedimientos correspondientes. No deberían catalogar directamente que se cometieron o no delitos, y mantenerlo todo bajo el entendido de un supuesto”, comentó Kevin López, experto en temas jurídicos de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).
El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, afirmó: “Vulnerando la presunción de inocencia, el debido proceso y la inmunidad personal que goza el Presidente, el fiscal, coordinado con la estructura criminal que les opera los casos fuera, presentó un nuevo absurdo, construido con
argumentos ridículos”.
El funcionario expresó que “es imperativo que defendamos el Estado de Derecho y exijamos transparencia y responsabilidad en todas las acciones administrativas y judiciales. No permitiremos que la corrupción y la injusticia de una minoría desesperada prevalezcan”.
Por medio de un comunicado, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República (SCSPR) sostuvo: “Los señalamientos de la Fiscalía no tienen ninguna credibilidad pública, solidez jurídica, ni propósito legítimo. Los disparates del titular de la FECI no tienen cabida en ninguna acción penal, mucho menos un antejuicio”.
Mientras, el abogado y constitucionalista Edgar Ortiz señaló que lo dicho por el fiscal es un comentario fuera de lugar, porque se supone que estos funcionarios deben guiarse por un código de ética. “Si se revisa el (código) de esa institución, es una regla que deben conducirse con imparcialidad y cuando se hacen comentarios políticos se rompe ese mandato de imparcialidad que le demanda el código de ética y todos los estándares internacionales en materia de conducta de los fiscales”, afirmó.
Además, mencionó que esa actitud “contamina, de alguna forma, la legitimidad de la investigación, porque si el investigador está politizado, seguramente, su pesquisa también lo está”.
Foto: Archivo / Cecilia Vicente
Ignorancia
Durante la actividad, la FECI enfatizó que entre las empresas beneficiadas con supuestos pagos ilegales ordenados por el gobernante guatemalteco figura una de la que es representante legal Gabriel Orellana, “quien fue nombrado como miembro del Comité Jurídico” de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por lo que habría tráfico de influencias.
“Contra la observancia de la ley no se puede alegar ignorancia. Si el señor fiscal se hubiera tomado la molestia de leer la Carta de la OEA, tratado internacional que Guatemala suscribió, se habría dado cuenta que ahí no puede haber nombramiento, porque el cargo de los miembros del Comité Jurídico Interamericano es por elección de la asamblea general de la OEA; es decir, 28 Estados independientes votaron a favor de mi candidatura”, resaltó Orellana.
Ante los señalamientos de que el mandatario violó la Constitución, el exjuez Carlos Giovanni Ruano manifestó que “los del ente investigador ignoran el Artículo 6 de la Ley del Organismo Ejecutivo, que es claro, preciso y vigente, el cual indica que el gobernante es la autoridad administrativa superior de dicho Poder. Tiene la facultad de actuar en consejo de ministros o de manera separada con uno o más ministerios”.
Memoria y ley
En la conferencia de prensa, se reprodujo el audio en el que el gobernante le notificó la destitución a De la Vega, por haber hecho pagos a contratistas no autorizados, y lo justificó al compararlo con el reproducido durante una audiencia judicial contra el expresidente Otto Pérez Molina, por el caso La Línea.
En relación con esto, el exfiscal Juan Francisco Sandoval explicó que, entonces, no se investigaba al Presidente de la República, sino a una estructura de defraudación aduanera. “Esa llamada nunca fue usada en conferencia de prensa, sino hasta en audiencia con autorización de juez, y él ya no tenía inmunidad”, recordó Sandoval.
El diputado Samuel Pérez, electo por el Movimiento Semilla, criticó que “el MP diga que un audio de Pérez Molina, a quien ellos dejaron libre, donde da órdenes corruptas, justifica el caso contra el Presidente, por un audio en el que explícitamente el jefe de Estado dice que la prioridad es que no fueran contratos corruptos”.
Con el paso del tiempo
Tres meses después de la destitución de Jazmín de la Vega como ministra de Comunicaciones, el MP presenta solicitud de retiro de inmunidad contra Arévalo.
17 de mayo de 2024
Presidente destituye a ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, por no acatar mecanismo de pago para la obra pública.
22 de mayo
De la Vega se presenta al MP para rendir testimonio en un caso que se encuentra en
investigación.
23 de mayo
La exfuncionaria confirma que su destitución fue a través de una videollamada entre ella y el gobernante.
4 de agosto
Se filtra audio de la videollamada en la que el mandatario comunica a De la Vega su despido.
5 de agosto
Presidente confirma la autenticidad del audio en el que se escucha la conversación telefónica en la que retira del cargo a la exministra.
8 de agosto
De la Vega niega haber grabado el audio de la llamada presidencial y dice estar dispuesta a someterse a una prueba.
14 de agosto
SAT revela caso B410, que involucra a empresas en la defraudación de 300 millones de quetzales al fisco.
19 de agosto
Jefe de Estado anuncia que instruyó a Comisión Nacional Contra la Corrupción que revise todos los contratos de las compañías involucradas en el caso denunciado.
21 de agosto
Ministerio Público anuncia que presentó en la CSJ solicitud de retiro de antejuicio contra el Presidente.
Lo que viene
La denuncia interpuesta contra Bernardo Arévalo debe ser conocida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien puede rechazar el antejuicio si considera que es abiertamente político, espurio o infundado, explicó el constitucionalista Edgar Ortiz.
Si no lo rechaza deberá remitir el expediente al Congreso en donde, por sorteo, se deberá nombrar una comisión pesquisidora. Esta deberá elaborar un informe y recomendar si se retira o no la inmunidad al Jefe de Estado, concluyó.
Rechazan persecución
Líderes indígenas de Sacapulas, Quiché, manifestaron su rechazo a la persecución contra funcionarios del Gobierno promovidos por el ente investigador. Miguel Pajarito, del Consejo Asesor de la Alcaldía Indígena, señaló que urge mover al pacto de corruptos de los tres organismos del Estado.
“Desde las autoridades indígenas siempre hemos dicho que la persecución será una constante. Nos solidarizamos con todas las personas que están siendo criminalizadas y nos ponemos a disposición para acompañarles y erradicar ese mal en el Estado”, agregó.
Bélica Sapón, lideresa indígena, señaló: “Como pueblos originarios exigimos la renuncia de Consuelo Porras, apoyamos el trabajo del presidente Bernardo Arévalo, porque se han visualizado los avances a pesar de los retos y desafíos que le han puesto en el camino”.
Arévalo manifestó: “El pacto de corruptos está preocupado porque se le acabó la fiesta.
Durante casi 20 años se dedicaron a hacerse ricos a costa del pueblo y del desarrollo del pueblo y en este momento se están encontrando con un Gobierno que les cerró las llaves de la corrupción, porque está poniendo a trabajar el dinero para el beneficio del pueblo”.
Juristas observan que se irrespetó el debido proceso
• “El principal responsable de fomentar la corrupción en
Guatemala es el presidente César Bernardo Arévalo de León”.
• “El principal responsable de fomentar la impunidad en
Guatemala es el presidente César Bernardo Arévalo de León”.
• “Señores, es esto corrupción o no es corrupción; es esto impunidad o no es impunidad”.
• “El MP es respetuoso de la presunción de inocencia”.
Foto: Archivo / Herbert García
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Llaman a romper ciclo de corrupción en el país
Presidentes de los tres organismos del Estado participaron en Sesión Solemne por 203 años de Independencia centroamericana
Romper el ciclo de la corruptela, garantizar el imperio de la independencia entre los poderes republicanos y la importancia de elegir candidatos idóneos para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones fueron los temas de los discursos de los tres presidentes de los organismos del Estado, durante la Sesión Solemne celebrada ayer en el Congreso de la República por los 203 años de emancipación de España.
“Como país hemos sabido romper con las cadenas más pesadas que una sociedad libre puede enfrentar: la tiranía, dictaduras y guerra. Más recientemente hemos elegido librarnos del yugo de la corrupción; no podemos permitir que siga doblegando a nuestro pueblo”, afirmó el mandatario Bernardo Arévalo en su alocución.
Remarcó que el saqueo de los recursos públicos “ha sido siempre la antítesis de la independencia”. Tras indicar que la emancipación se puede ver como un proceso continuo, recordó que el año pasado los cuatro pueblos de la nación defendieron con valentía y valor la
democracia.
“En sus hombros descansa la pesadísima responsabilidad de iniciar un ciclo virtuoso de justicia, progreso y prosperidad. Y he de decir, hemos dado muestras de querer construir sobre esos cimientos. Diputadas y diputados: debemos mantener esa sintonía, pues se anticipan retos grandes para la justicia de Guatemala”, indicó el jefe de Estado ante los legisladores que elegirán en los próximos meses a los integrantes de las altas Cortes judiciales del país.
En una misma dirección
Oscar Cruz, presidente del Organismo Judicial (OJ) y de la CSJ, argumentó que cumplir un año más de emancipación conlleva celebrar, pero más que eso, “mantener ese firme compromiso con la independencia de los poderes del Estado”.
Refirió que Guatemala vive tiempos complicados y difíciles, pero que “en manos de cada uno de nosotros está dar una respuesta positiva”. Subrayó que se está a las puertas de la integración de los nuevos magistrados del OJ.
“Nuestro compromiso se va a ver reflejado en el momento de la selección y posteriormente de la votación, porque necesitamos personas comprometidas con el sistema de justicia e independencia, personas que dediquen su tiempo a brindar ese servicio y ante todo ese acceso a la justicia de una manera pronta y cumplida”, agregó Cruz.
Aseguró que la integración del OJ “es un gran reto y un gran desafío para el pueblo de Guatemala”.
Valores irrenunciables
Mientras, Nery Ramos, presidente del Congreso, expresó que somos una nación libre, con un régimen republicano, democrático y representativo, “que a pesar de las constantes amenazas sigue fortaleciéndose todos los días, gracias a ese trabajo valiente del pueblo de Guatemala”.
Dijo estar “convencido de que continuaremos cimentando nuestra democracia y consolidando nuestra libertad”. Luego resaltó: “Independencia, soberanía y libertad son tesoros invaluables que como guatemaltecos siempre lucharemos para proteger, ya que constituyen la base de nuestra sociedad”.
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Más escuelas remozadas que en tres años del gobierno anterior
Ejecutivo busca dejar un sistema de enseñanza digno para los estudiantes y maestros
En total, 7 mil 500 escuelas fueron remozadas por el Ministerio de Educación (Mineduc) de enero al 31 de agosto de 2024, superando la cifra de establecimientos restaurados entre 2020 y 2022, cuando la administración anterior alcanzó 4 mil 992 planteles, según cifras oficiales.
Para los trabajos de mejoras en los edificios escolares en la presente gestión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, se han invertido 559 millones de quetzales.
Los datos comparativos refieren que en 2020 fueron reparados 1 mil 456 centros, por un monto de 99.7 millones de quetzales; en 2021 se impactó en 554, con una inversión de 40.7 millones, y en 2022 se alcanzaron 2 mil 982, por un monto de 205.1 millones de quetzales.
35 mil 922 establecimientos se prevé remozar durante los cuatro años de la administración de Bernardo Arévalo y Karin Herrera
Necesidad de mejora
El viceministro técnico del Mineduc, Francisco Cabrera, señaló que lo efectuado en las escuelas este año demuestra la necesidad de mejorar la infraestructura del sistema educativo, que por muchos años tuvieron poca atención.
“Lo que encontramos fue una infraestructura sumamente deteriorada, lo que implica riesgos de seguridad para los estudiantes y los docentes. Además, afecta los procesos de aprendizaje, por lo que el presidente Bernardo Arévalo ordenó entrarle con un plan fuerte de remozamientos”, afirmó Cabrera.
Las tareas incluyen reparación de muros, techos, baños, pisos, puertas, ventanas, tuberías de agua, drenajes, electricidad y pintura. El funcionario agregó que esta no es la única actividad, ya que, adicionalmente, se trabaja en el desarrollo de una política para la construcción de nuevos edificios escolares, lo que entraría en los próximos años.
Se hace lo correcto
Los procedimientos administrativos que utiliza el Mineduc son correctos, pues facilita los fondos a las Organizaciones de Padres de Familias (OPF), que son las que ven de cerca las necesidades de cada establecimiento y así tomar decisiones, dijo María del Carmen Aceña, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y exministra de Educación.
La experta agregó que es necesario seguir trabajando esos remozamientos, así como identificar aquellas escuelas que necesitan reconstrucción y no solo reparaciones. “Nosotros estamos recomendando hacer un censo de edificios escolares que no se hace desde hace más de 15 años”, señaló Aceña.
De acuerdo con el Mineduc, la meta para este año es restaurar 10 mil planteles en todo el país, con una inversión de 750 millones de quetzales. Sin embargo, esperan superar esa cifra. “El objetivo que tenemos es ambicioso. Nunca antes se había tenido una cantidad similar de recuperación de establecimientos en un año”, manifestó Cabrera.
A finales de septiembre y principios de octubre, la cartera de enseñanza hará el desembolso a las OPF para el último bloque de mejoras para este año, aseguró el viceministro.
El mandatario Arévalo ha manifestado que existen 35 mil 922 centros educativos oficiales y que se han trazado ir remozando 10 mil centros cada año hasta lograr que, durante toda su administración, se deje un sistema educativo digno para los estudiantes y maestros del país.
¿Qué incluyen las reparaciones?
Reparación de muros
Techos
Baños
Puertas
Ventanas
Piso
Tuberías de agua
Pisos
Mejora de drenajes
Recuperación de red eléctrica
Pintura
Un Tribunal de Apelación de Ginebra, Suiza, confirmó ayer una condena de 14 años contra el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, Erwin Sperisen.
La sentencia no implica que el exfuncionario volverá a prisión, pues ya ha pasado once años recluido, incluyendo un período bajo arresto domiciliario, lo que es más de dos tercios de la pena impuesta por su presunta complicidad en la ejecución de siete prisioneros en la cárcel Pavón en 2006.
Esta es la cuarta vez que Sperisen es juzgado en Ginebra, en una sucesión de procesos que se han prolongado por más de 12 años.
El exdirector de la PNC acusó de negligencia a la Justicia de Ginebra y dijo que seguirá luchando por su reputación, “y demostrar que todo lo que esta gente se ha inventado no es cierto”.
Comentó que su interpretación del veredicto de ayer, es que para el tribunal modificar su opinión implicaría reconocer que han hecho las cosas mal.
Florian Baier, uno de los abogados de Sperisen, criticó que el Tribunal juzgó a su cliente, “sin entender ni investigar los hechos en el terreno y sin escuchar a ningún testigo”.
En los primeros juicios, el sentenciado fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua, pero esta pena fue rebajada posteriormente a 15 años en un tercer proceso, en 2018, por considerarlo cómplice y no coautor de los hechos.
