El principio de presunción de inocencia debe prevalecer en todos los casos que investigue el Ministerio Público (MP), aseguraron expertos en temas legales, luego de que, tras la presentación de un caso contra el presidente Bernardo Arévalo, por el cual se pidió el retiro del antejuicio, el ente encargado de la persecución penal acusó al mandatario de corrupto.
El MP solicitó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirar la inmunidad al dignatario por los supuestos delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, cuando estableció un mecanismo de pago a empresas con contratos de obras de la administración de Alejandro Giammattei y que desobedeció la exministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Jazmín de la Vega.
La Fiscalía vincula al gobernante con supuestas órdenes ilegales para el pago a constructoras, algunas de las cuales, según el MP, figuran en la lista de las 410 empresas que habrían defraudado 300 millones al fisco, como lo denunció la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el 14 de agosto pasado.
Emite juicio
“De acuerdo con los hechos que fueron de conocimiento de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el principal responsable de fomentar la corrupción e impunidad en Guatemala es el presidente César Bernardo Arévalo de León”, aseguró, al inicio de la presentación, la aludida institución.
“El MP no es la autoridad para calificar si hay o no un delito; solo indicios. Es un órgano jurisdiccional el que decide si hay o no un acto delictivo. No le compete a este ente prejuzgar o hacer apreciaciones adelantadas o, de una vez, calificar”, dijo Nineth Montengro, licenciada en Ciencias Jurídicas y exdiputada del Congreso.
“Es una conferencia de prensa y se debería mantener el tema de la presunción de inocencia hasta que surjan todos los procedimientos correspondientes. No deberían catalogar directamente que se cometieron o no delitos, y mantenerlo todo bajo el entendido de un supuesto”, comentó Kevin López, experto en temas jurídicos de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).
El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, afirmó: “Vulnerando la presunción de inocencia, el debido proceso y la inmunidad personal que goza el Presidente, el fiscal, coordinado con la estructura criminal que les opera los casos fuera, presentó un nuevo absurdo, construido con
argumentos ridículos”.
El funcionario expresó que “es imperativo que defendamos el Estado de Derecho y exijamos transparencia y responsabilidad en todas las acciones administrativas y judiciales. No permitiremos que la corrupción y la injusticia de una minoría desesperada prevalezcan”.
Por medio de un comunicado, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República (SCSPR) sostuvo: “Los señalamientos de la Fiscalía no tienen ninguna credibilidad pública, solidez jurídica, ni propósito legítimo. Los disparates del titular de la FECI no tienen cabida en ninguna acción penal, mucho menos un antejuicio”.
Mientras, el abogado y constitucionalista Edgar Ortiz señaló que lo dicho por el fiscal es un comentario fuera de lugar, porque se supone que estos funcionarios deben guiarse por un código de ética. “Si se revisa el (código) de esa institución, es una regla que deben conducirse con imparcialidad y cuando se hacen comentarios políticos se rompe ese mandato de imparcialidad que le demanda el código de ética y todos los estándares internacionales en materia de conducta de los fiscales”, afirmó.
Además, mencionó que esa actitud “contamina, de alguna forma, la legitimidad de la investigación, porque si el investigador está politizado, seguramente, su pesquisa también lo está”.
Foto: Archivo / Cecilia Vicente
Ignorancia
Durante la actividad, la FECI enfatizó que entre las empresas beneficiadas con supuestos pagos ilegales ordenados por el gobernante guatemalteco figura una de la que es representante legal Gabriel Orellana, “quien fue nombrado como miembro del Comité Jurídico” de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por lo que habría tráfico de influencias.
“Contra la observancia de la ley no se puede alegar ignorancia. Si el señor fiscal se hubiera tomado la molestia de leer la Carta de la OEA, tratado internacional que Guatemala suscribió, se habría dado cuenta que ahí no puede haber nombramiento, porque el cargo de los miembros del Comité Jurídico Interamericano es por elección de la asamblea general de la OEA; es decir, 28 Estados independientes votaron a favor de mi candidatura”, resaltó Orellana.
Ante los señalamientos de que el mandatario violó la Constitución, el exjuez Carlos Giovanni Ruano manifestó que “los del ente investigador ignoran el Artículo 6 de la Ley del Organismo Ejecutivo, que es claro, preciso y vigente, el cual indica que el gobernante es la autoridad administrativa superior de dicho Poder. Tiene la facultad de actuar en consejo de ministros o de manera separada con uno o más ministerios”.
Memoria y ley
En la conferencia de prensa, se reprodujo el audio en el que el gobernante le notificó la destitución a De la Vega, por haber hecho pagos a contratistas no autorizados, y lo justificó al compararlo con el reproducido durante una audiencia judicial contra el expresidente Otto Pérez Molina, por el caso La Línea.
En relación con esto, el exfiscal Juan Francisco Sandoval explicó que, entonces, no se investigaba al Presidente de la República, sino a una estructura de defraudación aduanera. “Esa llamada nunca fue usada en conferencia de prensa, sino hasta en audiencia con autorización de juez, y él ya no tenía inmunidad”, recordó Sandoval.
El diputado Samuel Pérez, electo por el Movimiento Semilla, criticó que “el MP diga que un audio de Pérez Molina, a quien ellos dejaron libre, donde da órdenes corruptas, justifica el caso contra el Presidente, por un audio en el que explícitamente el jefe de Estado dice que la prioridad es que no fueran contratos corruptos”.
Con el paso del tiempo
Tres meses después de la destitución de Jazmín de la Vega como ministra de Comunicaciones, el MP presenta solicitud de retiro de inmunidad contra Arévalo.
17 de mayo de 2024
Presidente destituye a ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, por no acatar mecanismo de pago para la obra pública.
22 de mayo
De la Vega se presenta al MP para rendir testimonio en un caso que se encuentra en
investigación.
23 de mayo
La exfuncionaria confirma que su destitución fue a través de una videollamada entre ella y el gobernante.
4 de agosto
Se filtra audio de la videollamada en la que el mandatario comunica a De la Vega su despido.
5 de agosto
Presidente confirma la autenticidad del audio en el que se escucha la conversación telefónica en la que retira del cargo a la exministra.
8 de agosto
De la Vega niega haber grabado el audio de la llamada presidencial y dice estar dispuesta a someterse a una prueba.
14 de agosto
SAT revela caso B410, que involucra a empresas en la defraudación de 300 millones de quetzales al fisco.
19 de agosto
Jefe de Estado anuncia que instruyó a Comisión Nacional Contra la Corrupción que revise todos los contratos de las compañías involucradas en el caso denunciado.
21 de agosto
Ministerio Público anuncia que presentó en la CSJ solicitud de retiro de antejuicio contra el Presidente.
Lo que viene
La denuncia interpuesta contra Bernardo Arévalo debe ser conocida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien puede rechazar el antejuicio si considera que es abiertamente político, espurio o infundado, explicó el constitucionalista Edgar Ortiz.
Si no lo rechaza deberá remitir el expediente al Congreso en donde, por sorteo, se deberá nombrar una comisión pesquisidora. Esta deberá elaborar un informe y recomendar si se retira o no la inmunidad al Jefe de Estado, concluyó.
Rechazan persecución
Líderes indígenas de Sacapulas, Quiché, manifestaron su rechazo a la persecución contra funcionarios del Gobierno promovidos por el ente investigador. Miguel Pajarito, del Consejo Asesor de la Alcaldía Indígena, señaló que urge mover al pacto de corruptos de los tres organismos del Estado.
“Desde las autoridades indígenas siempre hemos dicho que la persecución será una constante. Nos solidarizamos con todas las personas que están siendo criminalizadas y nos ponemos a disposición para acompañarles y erradicar ese mal en el Estado”, agregó.
Bélica Sapón, lideresa indígena, señaló: “Como pueblos originarios exigimos la renuncia de Consuelo Porras, apoyamos el trabajo del presidente Bernardo Arévalo, porque se han visualizado los avances a pesar de los retos y desafíos que le han puesto en el camino”.
Arévalo manifestó: “El pacto de corruptos está preocupado porque se le acabó la fiesta.
Durante casi 20 años se dedicaron a hacerse ricos a costa del pueblo y del desarrollo del pueblo y en este momento se están encontrando con un Gobierno que les cerró las llaves de la corrupción, porque está poniendo a trabajar el dinero para el beneficio del pueblo”.
Juristas observan que se irrespetó el debido proceso
• “El principal responsable de fomentar la corrupción en
Guatemala es el presidente César Bernardo Arévalo de León”.
• “El principal responsable de fomentar la impunidad en
Guatemala es el presidente César Bernardo Arévalo de León”.
• “Señores, es esto corrupción o no es corrupción; es esto impunidad o no es impunidad”.
• “El MP es respetuoso de la presunción de inocencia”.
Foto: Archivo / Herbert García
