El año pasado solo 64 por ciento entregó su informe de acceso a la información pública.
La cultura de rendición de cuentas y transparencia se entiende como la existencia de modos de vida, costumbres y conocimientos, los cuales expresan la importancia que para las personas y la sociedad tiene el dominio de información necesaria para la participación en asuntos de interés público, así como la debida protección de los datos y la intimidad personales.
Cualquier individuo o funcionario público que administre bienes del Estado debe saber que está obligado legalmente a entregar información de su quehacer, y si pretende que su gestión contribuya efectiva y sosteniblemente al desarrollo, debe entender que es imperativo que las personas conozcan y entiendan los datos para que participen.
Esto solo se puede lograr con confianza, y aquí se debe asumir que las cifras son bajas y hasta negativas, aunque la cultura de rendición de cuentas y transparencia se haya fortalecido. Domina la creencia de que todos los operadores y políticos son corruptos hasta que demuestren lo contrario. Bueno, habrá que demostrarlo y comenzar por lo básico.
Hacia eso apunta la Alianza Nacional por la Transparencia: verificar el cumplimiento de los requerimientos mínimos hacia los sujetos obligados en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Acerca de este aspecto, la Institución del procurador de los Derechos Humanos, ofrece datos reveladores: hasta 2015 tenía registrados mil 239 sujetos obligados por la normativa, es decir, que administraban bienes de la colectividad, y de ellos solo 765, o sea, el 64 por ciento, entregó su informe de cumplimiento de la LAIP.
Habrá que revisar si en el listado de sujetos obligados están todos los que son, por ejemplo, los usufructuarios del espectro radioeléctrico y de concesiones mineras.
Se sabe que el año pasado fueron presentadas 44 mil 966 solicitudes de información, de las cuales 40 mil 472, el 90 por ciento, fueron satisfechas, en un promedio de 4 días, y solo fueron presentados 87 recursos de revisión, los cuales deberían ser estudiados porque seguro a partir de ellos podría crearse un manual contra la opacidad.
Las cifras no indican una intensa cultura de rendición de cuentas y transparencia, pero se ha avanzado. Ahora se debe trabajar en mejorar la relación entre gobernantes y gobernados, con honestidad en el planteamiento de objetivos comunes y compromiso con los medios para lograrlos.
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