COLUMNAS
A menos de un año ya de que se celebren las elecciones generales, estas son las fechas
Estamos a seis meses, descontado Guadalupe-Reyes, de que se convoque a las elecciones generales, elecciones en las que elegiremos a nuevos Presidente y Vicepresidente de la República, nuevos diputados, nuevos alcaldes y nuevos miembros de las corporaciones municipales.
(También, como apéndice ¿sirve de algo el apéndice?, diputados al Parlamento Centroamericano). La convocatoria podrá hacerse a partir del lunes 7 de enero del año entrante, y no más tarde del domingo 20 de enero (la Ley manda que se haga cualquier día de la segunda o de la tercera semana de enero).
Desde un día después de que se haga la convocatoria podrán inscribirse candidatos, y su inscripción se cerrará un día antes de que inicie la campaña electoral, momento en que podrá empezarse a hacer propaganda, y que se inicia tres meses antes de la fecha en que las elecciones se celebren, por lo que, siendo el caso que las elecciones podrán celebrarse cualquier domingo de junio, domingos 2, 9, 16, 23 o 30 de junio, dependiendo del domingo escogido, los tres meses antes de las elecciones, fecha en que la inscripción quedará cerrada y podrá iniciarse la campaña electoral, propaganda, etcétera, podría ser el domingo 3 de marzo, el domingo 10 de marzo, el domingo 17 de marzo, el domingo 24 de marzo o el domingo 31 de marzo.
La campaña electoral –de tres meses será una campaña corta– la mitad de lo que duraban las campañas anteriores, que se iniciaban desde el día siguiente al de la convocatoria, prolongándose hasta 72 horas antes del primero o segundo domingo de septiembre en que debían celebrarse. Si hubiere de celebrase una segunda vuelta electoral, necesaria si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría absoluta de los votos –es decir– la mitad más uno del total de votos válidos que se hayan emitido –dependiendo de la fecha de celebración de la primera– se estaría celebrando –fecha primera posible– el domingo 20 de julio, celebrada la primera el 6 de junio y, como última, el 25 de agosto, si la primera se hubiere celebrado el 30 de junio.
La segunda vuelta debe celebrarse no antes de 45 ni después de 60 días de que la primera se haya celebrado. No más tarde, pues, del 25 de agosto, si la primera se hubiere celebrado el 30 de junio –celebrada la segunda vuelta electoral si necesaria (será necesaria, sin lugar a dudas)– habría ya un Presidente electo, que podría denominarse así, Presidente electo, a partir del momento en que el Tribunal Supremo Electoral le adjudique el cargo, lo que habría ocurrido unos días después.
(El proceso electoral se abre con la convocatoria y se cierra con la adjudicación de los cargos). Este proceso tendrá también como característica –en consecuencia– que tendremos un largo período en el que coexistirán el Presidente de la República, ya en las postrimeras de su mandado, a cinco meses de entregar el cargo, y un Presidente electo, a cinco meses de asumirlo (termina el actual mandato y se inicia el nuevo en la misma fecha, 14 de enero) término tan largo que produce ventajas y desventajas; una de las ventajas, el mayor tiempo de que gozará el nuevo Presidente para organizar su gobierno, y, así, desde el inicio, entrar mandando (para entrar gobernando, lo que suena más democrático).
Algunas de las desventajas, esa extraña situación en que el Presidente pierde poder cada día, y el electo se hace cada vez más poderoso; el primero, con menor capacidad fáctica de mando, pero el segundo, sin la capacidad legal de ejercerlo, amén del desgaste que puede sufrir un candidato electo con un período tan largo de espera para dar inicio a sus funciones. Los diputados electos al Congreso de la República que deban integrar la nueva legislatura tomarán posesión de sus cargos un día antes, el 13 de enero, y los alcaldes y corporaciones municipales un día después, el 15 de enero (En vez de 158, serán 160 los diputados, postulados –todos– por partidos políticos).
Uno de los defectos constitucionales que arrastramos es que el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado lo aprueba el Congreso saliente, legislatura que debe tenerlo aprobado a más tardar el 30 de noviembre de 2019, por lo que las nuevas autoridades, autoridades que toman posesión hasta enero de 2020, se encontrarán con las manos atadas en materia presupuestaria, ya decidido y amarrado todo por los salientes.
El plazo de tres meses para una campaña electoral podría ser –hasta sobrado– en el caso de los diputados, si estos se eligieran por distritos pequeños (sistema que nos resistimos a adoptar y que podría cambiarlo todo), pero que por el sistema de distritos inmensos que existe, de consecuentes listados distritales y de listado nacional, parecería insuficiente. ¿Noventa días para que los candidatos a diputado por listado nacional se hagan conocer en toda la República y expliquen sus propuestas? Sin embargo, nunca lo han hecho –ni lo harán– en un sistema como el que rige, tan lejano el candidato al elector.
¿Quién es su diputado? Tal y como no lo sabe, ahora, lamentablemente, tampoco lo sabrá entonces (todo ocurrirá, sin un 157 reformado). Suficiente sobrado en el caso de los alcaldes y de las corporaciones municipales el período de tiempo previsto para la campaña electoral. Ya he criticado en otras ocasiones la reformas que se hicieron a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –reformas que– vigente el artículo 157 de la Constitución, tal y como se encuentra redactado –no podrían conducir nunca– a una integración distinta del Congreso, en manos del Congreso, como se encuentran, el Presupuesto y las leyes, no siendo el propósito de este artículo insistir en esa crítica, como tampoco en la que merecen las reformas que aún se encuentran en trámite y que adolecen del mismo defecto que las aprobadas: no cambian nada de lo sustantivo.
La reforma del 157 implica reforma a la Constitución Política de la República, y ninguna reforma a la Ley Electoral podría corregir los defectos que este determina: Listado nacional de diputados, distritos electorales inmensos, listados distritales y monopolio de los partidos para postular candidatos a diputado, el Congreso, como lo es, reitero, la clave de todo. Lo sustantivo, intacto y, por el contrario, demasiadas las peligrosas ocurrencias. Me limito a señalar la inconstitucionalidad de que se prohíba la divulgación de encuestas desde 15 días antes de las elecciones, inaceptable atentado contra la libre emisión del pensamiento, así como la arbitrariedad a la que se presta lo de la campaña anticipada y la anticipada promoción de imagen personal que puede llevar, incluso, a la no inscripción de un candidato, así como la arbitrariedad a la que se prestan evaluaciones como las de honorabilidad, idoneidad y honradez, inexistentes parámetros para hacerlo y por encima de las inhabilitaciones establecidas por las leyes.
(Dime de lo que presumes y te diré lo que te falta). Estamos a menos de un año de que se hayan celebrado las elecciones generales, junio de 2019, y –a pesar de que los instrumentos con los que contaremos en este proceso electoral, una vez más, no serán óptimos– el 157 intacto y abundantes las disparatadas ocurrencias tales serán los instrumentos, y es nuestra culpa que lo sean, por lo que, haciendo uso de estos, aunque malos, debemos afanarnos por alcanzar los resultados que buscamos, determinante, la representatividad del Congreso. Las autoridades que elijamos el año entrante serán nuestras autoridades legítimas por los próximos cuatro años (14 de enero 2020-14 de enero 2024), y debemos acostumbrarnos al pleno respeto de los períodos constitucionales, así como a ejercer a plenitud –y con absoluta seriedad– la participación política, que es lo que determina las autoridades que tengamos.
Saraí Flores Gómez
[email protected]
Los libros son un recurso imprescindible para el proceso formativo, en Guatemala, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el último censo realizado, el 93 por ciento de los jóvenes entre 13 y 30 años sabe leer y escribir; pese a ello, se estima que solo el 1 por ciento lee por placer.
Los libros son conocimiento y han evolucionado en tiempos pasados las paredes de cuevas en la época prehistórica servían como libros, posteriormente los pergaminos, y actualmente los libros electrónicos.
Los libros sirven como capsulas de tiempo que ayudan a recordar el pasado, a soñar el futuro, moldea nuestro intelecto, permite transportarnos a otras épocas y tener muchos panoramas.
La lectura es el ejercicio para la mente, un viaje para la imaginación y conocimiento para la vida.
La lectura es un proceso dinámico que ayuda a decodificar palabras para darle un significado, mientras que construye mundos de conocimiento, todo se hace en conjunto de palabras que ayudan a formar ideas. El acto de leer es un esfuerzo transformador, que ayuda al vocabulario, a la redacción, agudiza el pensamiento crítico, fomenta el amor por el aprendizaje y la imaginación, además de ayudar con la vida diaria.
En Guatemala existen clubes de lectura que ayudan a fomentar la lectura de una forma más interactiva; entre ellos, el que imparte Nueva Acrópolis Guatemala, que cuenta con una variedad de clubes entre ellos, Reading Roulette, Poesía por Leer, Pensamiento Crítico, Panorámica Literaria del Siglo XXI, Nuevos soñadores, Literarias, Letras Nocturnas y el Club de las Aprendices, los cuales son virtuales y presenciales.
La lectura es un placer que se adquiere desde temprana edad, solo así se fomenta el hábito y el placer por leer; como dijo Gabriel García Márquez: “Sería ideal que un niño dedicara parte de su fin de semana a leer un libro hasta donde pueda y donde le guste que es la única condición para leer un libro, pero es criminal, para él mismo y para el libro, que lo lea a la fuerza en sus horas de juego y con la angustia de otras tareas”.
El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, para promover la importancia de estos. Conjuve reconoce la importancia de los libros en el desarrollo de la juventud, así como el reconocimiento de jóvenes escritores.
Antonio Romero
Viceministro de
inversión y competencia, Mineco
Guatemala está muy cerca de dar un paso trascendental hacia una economía moderna y más justa. Me refiero a la aprobación de una ley de competencia, orientada a garantizar que los empresarios eficientes, visionarios y dispuestos a regirse por las reglas del mercado, estén protegidos de prácticas anticompetitivas de sus competidores.
En esencia, la iniciativa promueve y salvaguarda la competencia en los mercados. Implica la prevención de las prácticas monopolísticas, la eliminación de los obstáculos a la entrada y el fomento de la igualdad de condiciones para todos los participantes en el mercado.
Además, cultiva un entorno en el que las empresas deben competir por la preferencia de los consumidores, por medio del mérito, la calidad y el precio, en lugar de depender de tácticas anticompetitivas para sofocar la competencia.
Tenemos una oportunidad única para crear una institucionalidad sólida, técnicamente competente y que goce de prestigio.
Hace unos días, después de mucho ir y venir, se aprobó en el Congreso de la República, en segunda lectura, el citado anteproyecto de ley, identificado con el número 5074. El texto propone la defensa de la competencia a través de: i) La prohibición de prácticas anticompetitivas y la creación de la institucionalidad para supervisar e impedir que estas se produzcan; ii) La supervisión de la concentración de los mercados y iii) La promoción de la competencia.
Una de las principales fortalezas es que plantea crear una superintendencia de competencia autónoma y descentralizada, que gozaría de independencia y capacidad técnica para hacer cumplir la ley.
En las discusiones recientes sobre el tema, se han obviado los efectos que las políticas de competencia tienen sobre el crecimiento y la productividad de las economías. La reciente publicación del Informe Económico América Latina y el Caribe, del Banco Mundial, bajo el título Competencia: ¿el ingrediente que falta para crecer?, hace un aporte muy oportuno a la discusión en Guatemala.
En primer lugar, señala que la ausencia de competencia en la región hace que los consumidores paguen precios más altos por bienes y servicios de menor calidad, lo que reduce el bienestar general y contribuye a una desigualdad más elevada.
A diferencia de los hogares con mayores recursos, los más pobres no pueden acceder a bienes y servicios en mercados extranjeros con mayor competencia. No les queda otra alternativa que acudir a mercados monopolizados, en los que no existen incentivos para mejorar los precios y la calidad.
El informe centra su análisis en el papel fundamental de la competencia como estímulo al crecimiento económico. El problema de ello radica en que las empresas en la región nacen y operan en un contexto de baja competencia, sin los incentivos necesarios para mejorar sus capacidades.
La composición de las empresas en América Latina y el Caribe reflejan la existencia de pocas compañías muy grandes, coexistiendo con una multitud de empresas diminutas. No existe un segmento de pequeñas y medianas firmas fuertes, capaces de ejercer presión competitiva sobre las más grandes. Según el estudio, esta distribución asimétrica es causa de la baja productividad y la alta
desigualdad.
Respecto a los resultados de las agencias de competencia en la región, el estudio advierte sobre elementos de diseño que limitan su efectividad como la falta de independencia de autoridades adscritas a los ministerios de Estado y la carencia de personal y presupuesto suficientes. En Guatemala se deben considerar estas lecciones para crear una agencia de competencia independiente y dotada de los recursos necesarios.
Tenemos una oportunidad única para crear una institucionalidad sólida, técnicamente competente y que goce de prestigio. Allí están el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos como ejemplo de que apostar por instituciones robustas da buenos resultados. El proyecto de ley de competencia presenta una oportunidad estratégica para que el país aborde los problemas económicos sistémicos que han obstaculizado su progreso.
Ricardo Fernández Gracia
Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro
Otros dos motivos destacan en el libro por su profusión: la cruz de Calatrava y los corazones. En cuanto al emblema de la mencionada orden de caballería, hay que hacer notar que figuró desde la reconstrucción del complejo monástico por fray Prudencio de Sandoval entre 1616 y 1619, en numerosas cartas de profesión de las monjas estellesas y que llevaban en el hábito hasta fines del siglo XIX, además de aparecer en varios escudos del monasterio en el frontal bordado del altar mayor, obra del maestro aragonés José Gualba, entre 1761 y 1763.
Respecto a los corazones, en un convento benedictino y en el siglo XVIII puede tener un dúplice contenido.
Las décadas centrales del siglo XVIII, cuando se fecha el libro, coincidieron con la difusión del culto al Corazón de Jesús, con la creación de numerosas congregaciones auspiciadas por los jesuitas.
En primer lugar, el corazón de Santa Gertrudis, monja de la orden del siglo XIII, cuyo atributo iconográfico es un corazón en su pecho en el que está el Niño Jesús, en referencia a la famosa frase: “Me encontrarás en el corazón de Gertrudis”. El cristocentrismo de sus escritos místicos se revaloriza con el corazón, como símbolo del amor divino.
Pero si importante era aquel signo en el monasterio benedictino, las décadas centrales del siglo XVIII, cuando se fecha el libro, coincidieron con la difusión del culto al Corazón de Jesús con la creación de numerosas congregaciones auspiciadas por los jesuitas. En aquel movimiento devocional destacaron la ciudad de Estella y el duque de Granada de Ega.
Varias páginas del libro de cuentas ostentan tanto el corazón de Jesús como el de María. En ambos casos, los anagramas de los nombres de ambos figuran en su interior.
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