miércoles , 27 noviembre 2024
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A la Fiscal General se le acaba el tiempo

En términos ajedrecísticos, el Organismo Ejecutivo puso ayer en jaque a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras. Con el movimiento realizado ante la Corte de Constitucionalidad (CC), a través del secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, el
Gobierno espera allanar el camino que impide la destitución de una persona a la que se le considera corrupta y antidemocrática.

De acuerdo con la estrategia planteada, el máximo tribunal del país debe resolver si Porras, en el transcurso de su gestión, ha sido honorable o, contrario a ello, ha incurrido en posiciones arbitrarias, ilegales y atentatorias contra la Constitución Política de la República, como lo demanda un cargo de tal envergadura.

La jugada incluye argumentos que caen por su peso. Por ejemplo, en la acción planteada recuerda que la citada funcionaria consintió un intento de golpe de Estado y del régimen político electoral, los cuales se evitaron, en buena parte, gracias a la defensa que liderazgos sociales, académicos y estudiantiles efectuaron para que se respetara la voluntad popular expresada, claramente, en las urnas en 25 de junio y el 20 de agosto de 2023.

Luego de interponer la querella, Guerrero trasladó con franqueza y claridad el objetivo de la consulta: “Queremos dejar claro que el Gobierno continúa haciendo uso de los mecanismos legales y políticos adecuados para la sustitución de la Fiscal General”, dado que el Ejecutivo considera necesario que el MP esté comprometido en la lucha por la transparencia y el rescate de la decencia que reclaman los guatemaltecos.

En estos momentos, es imposible que se continúe solapando el papel que Porras ha desempeñado en la defensa de las mafias que la llevaron y mantienen al frente del MP; sin embargo, hoy el tiempo corre en su contra y se tiene la oportunidad de nombrar en su lugar a una persona que defienda el Estado de derecho y que deje de acumular expedientes que denuncian los presuntos saqueos ocurridos en la administración de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.

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