El trabajo realizado por los congresistas durante el primer semestre de 2022 detalla la aprobación de 36 decretos, los cuales fueron enfocados en la protección de los guatemaltecos, refiere la página del Organismo Legislativo.
Según lo indicado, los parlamentarios priorizaron temas de salud y economía familiar, así como normativas que impulsarán la reactivación del país en momentos en que la pandemia y el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania golpean fuertemente las finanzas de las familias.
De acuerdo con la página del Congreso, otros asuntos impulsados por los legisladores fueron el fortalecimiento y modernización del sistema judicial, el desarrollo educativo, la reconstrucción de la red vial como motor para dinamizar la prosperidad y la dignificación de profesionales de todo el país.
“Con la culminación de los seis primeros meses de trabajo de la Junta Directiva 2022-2023, liderada por la diputada Shirley Rivera, el pleno del Congreso demostró su compromiso con la población guatemalteca, pues de enero a junio del presente año se llevaron a cabo 44 sesiones ordinarias y 10 extraordinarias, en las que también se han aprobado 11 acuerdos legislativos y un punto resolutivo”, se señala.
Adicionalmente, se registran 91 iniciativas de ley, las cuales, comunica la página del Parlamento, se trasladaron a sus respectivas comisiones de trabajo para su análisis y
dictamen.
En cuanto a las leyes económicas, se citan las normativas que permitieron apoyar financieramente la compra de gas propano, diésel y las gasolinas súper y regular, así como la que amplió la cobertura de la Tarifa Social, con la que más connacionales reciben subsidio para dicho servicio. En materia de educación, se destaca el decreto que permitió eliminar los bienes inservibles como pizarrones, escritorios y mesas de bodegas y centros educativos.
91 iniciativas de ley recibió el Parlamento, las cuales fueron trasladadas a comisiones.
Para apoyar la modernización del sector justicia, los congresistas modificaron la Ley de Migración, lo que permitió endurecer las penas por el tráfico de personas, iniciativa impulsada por el presidente Alejandro Giammattei.
En este sentido, se incrementaron las penas por pornografía infantil.
