De enero a octubre de 2024 se reportan 310 homicidios de mujeres, la cifra más baja cuando se compara con los mismos períodos de 2021 a 2023.
Los resultados obtenidos durante el primer año de la administración de Bernardo Arévalo y Karin Herrera son sensiblemente
menores que los reportados en 2021 y 2022, los períodos más fuertes del Covid-19, cuando se aplicaron encierros y confinamientos para reducir los contagios (vea infografía: Departamento de Guatemala concentra los crímenes).
La caída, del 8.82 por ciento en los últimos cuatro años, refleja avances en la reducción de la violencia letal contra este grupo. Expertos consultados reconocen y valoran los logros; sin embargo, advierten que las causas subyacentes como la desigualdad económica, la impunidad y el fácil acceso a armas de fuego siguen siendo retos críticos para consolidar esta tendencia.
Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), consideró que el descenso de estos hechos está vinculada a la reducción generalizada de la violencia.
“No hemos visto una estrategia diferenciada que atienda los homicidios de mujeres como un problema específico. La disminución parece responder más a factores como el fortalecimiento de la seguridad general y no necesariamente a una política enfocada en proteger a este sector vulnerable”, afirmó.
Mario Mérida, catedrático universitario y experto en seguridad, destacó que las dinámicas del crimen organizado han cambiado, lo que también ha impactado en las cifras.
“El perfil de las víctimas de homicidios ha evolucionado. En años anteriores vimos a más jóvenes involucradas en actividades delictivas como pandillas y extorsiones. Ahora, hay un esfuerzo cultural por mantenerse alejadas de estas dinámicas, especialmente en comunidades urbanas”, explicó.
En áreas urbanas
Aunque las cifras generales son alentadoras, el departamento de Guatemala sigue siendo el epicentro de dichos homicidios, con 590 casos entre enero y octubre de 2021 a 2024.
Según Menchú, esta concentración se debe a varios factores. “El crimen organizado, la disponibilidad de armas de fuego y los niveles de pobreza juegan un papel importante. En lugares como la capital, la presencia de pandillas y estructuras criminales exacerba el problema”, manifestó.
El experto también resaltó que el acceso a armas de fuego es otro desafío estructural que debe abordarse con urgencia. “La mayoría de los ataques se cometen con estos artefactos. Esto demuestra que el control de los mismos sigue siendo un punto débil en la estrategia de seguridad”, agregó Menchú.
Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), también subrayó la necesidad de enfocar las políticas en las zonas urbanas más afectadas. “La Ciudad de Guatemala y municipios aledaños concentran un alto porcentaje de los delitos, muchas veces vinculados al crimen organizado. Es fundamental fortalecer la prevención y el control en estas áreas”, reiteró.
Jóvenes, las más vulnerables De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Gobernación
(Mingob), la mayoría de las víctimas tenía entre 18 y 35 años. Según Mérida, estas cifras reflejan problemas de fondo que afectan a las jóvenes de manera desproporcionada.
“Muchas son madres solteras, viven en condiciones de pobreza y carecen de redes de apoyo. La falta de oportunidades económicas y educativas las hace más vulnerables a caer en contextos de violencia intrafamiliar o ser utilizadas por el crimen organizado”, explicó Mérida.
Menchú destacó la relación entre las agresiones domésticas y los homicidios. “Los abusos en el hogar tienen un desarrollo lento que puede terminar en femicidios. Muchas veces comienza como violencia verbal y escala a agresiones físicas. La dependencia económica es uno de los mayores obstáculos para que las mujeres puedan denunciar”, comentó.
Puntualizó que, aunque hay herramientas legales como las medidas de restricción, las agraviadas temen represalias al denunciar. “La protección efectiva sigue siendo una asignatura pendiente. Es necesario crear refugios y centros de ayuda que les permitan salir de estos entornos sin temor”, aseguró.
Avances y retos
Aunque las cifras han disminuido, los especialistas coinciden en que las políticas públicas son insuficientes. Para Menchú, la reducción en las muertes responde más a un fortalecimiento de las estrategias generales de seguridad que a acciones específicas para proteger a este sector.
Polanco insistió en que es necesario diseñar estrategias focalizadas. “Si con políticas generales hemos logrado reducir las muertes, imagínense lo que podríamos lograr con medidas dedicadas exclusivamente a ellas. Es crucial aumentar el presupuesto destinado a protegerlas”, expresó.
Mérida recomendó un enfoque integral que combine la prevención con el control. “Necesitamos programas que fomenten la equidad económica y educativa. Si una mujer tiene independencia es más probable que pueda salir de un entorno de abuso”, subrayó. También, propuso la creación de observatorios de prevención del delito, que permitan evaluar el impacto de las políticas actuales y ajustar las estrategias en función de los resultados.
Desafíos futuros
Los tres coinciden en que los datos muestran un avance alentador, pero advierten que no se puede bajar la guardia. “Este sigue siendo un problema estructural que no desaparecerá sin esfuerzo sostenido y coordinado entre el Estado y la sociedad civil”, refrendó Polanco.
En palabras de Menchú, la clave está en no conformarse con los logros alcanzados. “Si queremos mantener esta tendencia, debemos trabajar en una Política Nacional de Seguridad que priorice la igualdad de género y garantice la protección efectiva de ellas”, señaló.
Mérida reparó en la importancia de un enfoque de largo plazo. “El éxito de 2024 nos demuestra que el cambio es posible, pero para consolidarlo necesitamos iniciativas y programas que trasciendan los gobiernos de turno y se enfoquen en resultados sostenibles”, concluyó.
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