Las deficiencias observadas y denunciadas por grupos sociales de Guatemala en el proceso de postulación, designación de candidatos y elección de magistrados de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA) se incluye en un informe de Impunity Watch, publicado ayer.
El documento destaca que la designación de togados de la CSJ y de la CA repitieron las anomalías y vicios que se han observado en procesos anteriores.
Los problemas en el mencionado sistema fueron aceptados por uno de los exintegrantes de las postuladoras, quien reconoció la necesidad de ajustar la forma de elegir a los jueces.
“El resultado de este evento causó mucha decepción en la ciudadanía, porque prevalecieron los intereses políticos por encima de los méritos académicos, éticos y profesionales de los candidatos, como ocurrió en 2014 y 2019”, detalla el análisis.
Agrega que las comisiones de postulación hicieron un proceso apresurado, aprobaron y aplicaron instrumentos deficientes de evaluación y no examinaron la ética y honorabilidad de los aspirantes.
Criminalización
Este proceso también estuvo marcado por las amenazas de criminalización de la fiscal general, Consuelo Porras, según el informe. Desde el inicio había mucha preocupación de que la jefa del Ministerio Público (MP) “intentara interferir en la elección y que tratara de presionar a las comisiones de postulación y a los diputados con advertencias de criminalización y, aunque lo intentó, no pudo detener la elección ni colocar en las Cortes a sus fiscales más allegados”, señala.
El Congreso, por su parte, no estableció un procedimiento público y transparente para conocer a los candidatos y optó por reuniones privadas y negociaciones políticas secretas.
Prevalece temor
El Diario de Centro América buscó la versión de varios exintegrantes de las postuladoras; sin embargo, algunos manifestaron desconocer el contenido del informe. Otros expresaron que preferían no omitir opinión debido a posibles represalias. Uno más, aunque fuera de grabación, coincidió en algunos puntos del documento de Impunity Watch.
El decano de la Facultad de Derecho de una universidad que participó en el proceso de elección, quien pidió no ser identificado, comentó que la participación simultánea de magistrados en comisiones y postulaciones es un problema de “diseño constitucional”, no de ética, ya que la ley lo permite. “Prohibir la reelección obligaría a estos profesionales a renunciar si desean postularse”, resaltó.
No obstante, criticó a los comisionados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), quienes sí pueden elegir entre postularse o evaluar, lo que genera un verdadero conflicto ético, aunque no esté prohibido.
Coincidió en que la falta de tiempo afectó la evaluación adecuada, debido a retrasos como enfrascarse en decidir la sede de las reuniones.
Los instrumentos de evaluación, aunque definidos por la ley, fueron deficientes en la asignación de puntajes y verificación, lo que afectó, incluso, a postulados con buenas trayectorias, agregó el decano.
Sobre la influencia de intereses políticos, no descartó su posible impacto, pero no tiene pruebas.
Se necesita un cambio
También, destacó “la necesidad de una reforma constitucional para mejorar la selección, sugiriendo un sistema mixto de jueces de carrera y profesionales independientes en la Corte Suprema de Justicia”.
En un esfuerzo por obtener diferentes perspectivas, se contactó al exsecretario de la postuladora de la CSJ, José Roberto Hernández, pero manifestó desconocer el informe, y por ello se abstuvo de emitir una opinión.
Gregorio Saavedra, comisionado en la CA y representante del CANG, electo por la planilla Unidad X La Justicia, también evitó comentar al respecto.
Fuentes cercanas a otro comisionado que participó en el proceso revelaron que varios de los integrantes de las comisiones temen expresar opiniones sobre el informe o el sistema en general, debido a las investigaciones emprendidas por la Fiscalía en torno a la selección de magistrados.
Hallazgos más destacados
• El sistema de comisiones de postulación se desvirtuó.
• Los plazos del proceso son insuficientes.
• No se establecieron instrumentos objetivos de evaluación.
• No se valoró la ética ni se tomaron en cuenta las tachas.
• El sistema no favorece la carrera judicial.
• El Congreso eligió con base en intereses y negociaciones políticas.
• La participación ciudadana fue clave para transparentar el proceso.
• La observación internacional contribuyó a evidenciar las deficiencias del sistema.
• La CC garantizó el desarrollo de este ejercicio democrático, pero el MP continúa la criminalización.
• Es necesario reformar el sistema de elección de cortes.
