Recuperar la confianza y la credibilidad en el sistema de justicia es lo menos que el pueblo empezará a reclamar a partir de ahora a la nueva Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones.
Ha sido casi una década durante la cual lo que menos se ha visto es esa imparcialidad en la aplicación pronta y cumplida de la ley. Por el contrario, la Carta Magna ha sido mancillada en favor de organizaciones criminales corruptas que han hecho del Estado su botín con total impunidad; hemos sido testigos de un saqueo de los recursos públicos sin precedentes en la historia democrática reciente.
No menos deplorable ha sido el actuar contra actores democráticos y fiscales honestos que han tenido que abandonar el país debido a la persecución de la que han sido víctimas, simplemente por hacer su trabajo apegado a principios legales que la Constitución manda.
Tampoco olvidemos que esa lucha, respaldada por diversos sectores, y que permitió el inicio de procesos judiciales contra grupos corruptos, fue desbaratada.
Ese ansiado relevo de las Cortes por fin se logró, a pesar de diversos intentos de quienes pretenden seguir con el statu quo. Sin embargo, la incógnita que todo un país tiene es si los nuevos miembros de este alto organismo de Estado responderán a esas expectativas.
Será imperativo que desde hoy se vea un cambio; Guatemala y su pueblo lo necesitan. Basta de tanta impunidad, no más manoseo de los más mínimos y elementales preceptos legales de los cuales hemos sido testigos.
Los magistrados deben entender que ningún país democrático puede prosperar atrayendo inversiones y generar empleo si no se cuenta con certeza jurídica, transparencia y honestidad en las más altas Cortes.
Por lo tanto, el reto es ese: cambiar esa imagen de un organismo de justicia aliado a grupos oscuros y corruptos, por un equipo que actúe apegado a derecho y sin sesgos políticos.
El cronómetro empezó a correr y los ojos de toda la población están ya puestos en cada una de sus decisiones. Más que retos, es obligación de los nuevos integrantes hacer su trabajo apegado a derecho, respetando la independencia judicial y la Constitución.
