Hugo Sánchez
Ocultas, en parajes escabrosos y bajo tierra, yacen aún en El Salvador las heridas dejadas por las pandillas como fosas clandestinas, donde las autoridades y familiares dan por hecho que se encuentran restos de desaparecidos, enterrados ahí para evitar dejar rastro.
A principios de este mes, después de más de dos años de iniciada la llamada “guerra contra las pandillas”, implementada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a estos grupos, y ante el silencio oficial, las autoridades dieron con un nuevo cementerio clandestino, donde trabajan, pero no hablan de ello.
Este tipo de lugares, que se han contado por decenas en los años más violentos de la historia reciente salvadoreña, han sido sitios de peregrinación de quienes buscan a sus desaparecidos, principalmente madres.
Uno entre medio centenar
Este cementerio, del que se desconoce la cantidad de osamentas que podría contener, se ubica en las riveras de un cauce que atraviesa la localidad de Tonacatepeque, que en idioma náhuatl significa “cerro muy fértil”, al fondo de un barranco de unos 25 metros de altura.
Desde arriba, al borde de la caída, es posible observar tierra removida, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), unas carpas grises con distintivos de la Fiscalía General de la República (FGR), y a reos en fase de confianza que usualmente el Gobierno utiliza para tareas pesadas.
El dirigente del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), Marvín Reyes, dijo a EFE que este cementerio es uno de 51 que las autoridades habrían ubicado y señalado, pero que su intervención se ha pospuesto.
“Ya se tenía conocimiento y han empezado a realizar las excavaciones para localizar víctimas que habían sido ejecutadas y enterradas ahí por miembros de esta pandilla”, acotó.
Reyes relató que esta fosa se ubica al pie de uno de los “bastiones más fuertes” que tenía la pandilla Barrio 18, facción Sureños, en la zona conocida como Cumbres de San Bartolo, aunque colinda con la comunidad La Europea, ambas zonas populares y golpeadas por años por la maras.
“Hay una cantidad importante de fosas que contienen un número indeterminado de víctimas, que no se ha realizado ningún tipo de maniobra por parte de la Fiscalía por argumentar que ellos que no tienen recursos ni personal suficiente”, lamentó.
A la fosa no se tiene acceso desde el área urbana, donde agentes de la PNC custodian la entrada a dos pasajes desde los que se tiene una vista más directa. En uno, tres agentes niegan el paso a periodistas, no dan razones.
En el otro punto, los policías permiten acercarse a una cinta amarilla entre la ropa recién lavada y tendida de los vecinos de ese lugar. Ninguno quiere decir nada, evitan responder, pero entre preguntas y esquivas reconocen que abajo hay forenses, que se trata de casos de larga data, que hay unidades especializadas involucradas.
Los habitantes del lugar, acostumbrados por años a guardar silencio para sobrevivir bajo el dominio de las pandillas, tampoco quieren hablar. Dicen no saber qué hacen abajo, en el fondo del barranco, los policías. Son esquivos, sonríen amablemente y siguen con sus vidas.
Tampoco desde Presidencia responden a la pregunta de EFE sobre el cementerio clandestino.
Búsqueda sin respuestas
El veinteañero Carlos Abarca desapareció el 1 de enero de 2022 en la capital salvadoreña, dos meses antes de que el Congreso y el Gobierno de Bukele instauraran un régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales, para combatir a las maras o pandillas.
La medida, según el Gobierno, redujo el índice de homicidios en 2023 a 2.4 por cada 100 mil habitantes, de los 103 que se registraban en 2015, y habría dejado inoperantes las estructuras de las maras. Pero de los desaparecidos antes y durante el régimen las autoridades dicen poco, incluso han puesto bajo secreto el número de denuncias.
Eneida Abarca, la madre de Carlos, dijo a EFE en una conversación telefónica que se han cumplido más de 1.000 días de búsqueda de su hijo y denuncia que desde un principio las autoridades de seguridad no aplicaron el protocolo establecido, no revisaron cámaras, no buscaron la bitácora de llamadas.
Son tres equipos de investigadores los que han tenido su caso, ninguno le ha dado respuesta. El segundo equipo, recuerda, bloqueó sus comunicaciones para no recibir mensajes ni llamadas de la familia.
“Yo pensé que el año pasado le hubiéramos dado fin a esta búsqueda, pero (…) ellos no le dan celeridad al proceso”, aunque “de los logros que hemos tenido es que no lo hayan cerrado”, dijo.
Relató que un jefe de la Unidad de Investigación de la PNC le dijo, sin darle pruebas, que “su hijo ya está muerto”, que no gastaría recursos en su búsqueda.
“Yo ahí entendí, aquí estoy sola en este barco”, porque los desaparecidos “no son un capital político”, lamentó.
El secreto de las fosas
Desde junio de 2022, la Fiscalía puso en reserva la información sobre las fosas y cementerios clandestinos diseminados en el país, datos que antes se proporcionaban abiertamente.
Según información obtenida por EFE antes de esta reserva, sumaban más de 150 cementerios clandestinos de las pandillas encontrados desde 2014, con más de 220 víctimas de la violencia.
Reyes, quien ha sido policía de carrera, comentó que en el país tienen “secuelas del accionar de las pandillas” y los cementerios y fosas han sido un método de las maras para “esconder los cuerpos” y “evitar que fueran localizados por las autoridades y se contabilizaran como homicidios”.
