Acciones que atentan contra el Estado de derecho en Guatemala, achacadas al Ministerio Público (MP) y sus fiscales, resaltan en el informe del Laboratorio de Impacto del Estado de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y el Cyrus R. Vance Center for International Justice.
El documento, denominado Por encima de la ley: El Ministerio Público en Guatemala, recopila datos de varios informes oficiales internacionales.
Según el reporte, el ente investigador es la principal entidad encargada de garantizar el cumplimiento de la ley en una democracia.
Sin embargo, “en los últimos años, ha sido señalado por diversas fuentes oficiales extranjeras por haber atacado de manera sistemática el Estado de derecho”, menciona el reporte, que alude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha llevado recientemente a recomendar, de manera específica, una revisión independiente del funcionamiento del MP y de su impacto en los derechos humanos.
Además, incluye la versión de la Fiscalía que ha negado de manera reiterada la existencia de una práctica de criminalización, argumentando que tiene el mandato legal de investigar todas las querellas que reciba, sin distinción de la persona denunciada, su cargo o profesión.
En el informe se hace un recorrido por algunos eventos que han marcado el desempeño del MP, entre ellos la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por decisión del entonces presidente Jimmy Morales.
En el documento se recuerda que la Cicig denunció en su último informe la manipulación de investigaciones, así como la criminalización de fiscales y jueces que intentaban garantizar pesquisas objetivas en Guatemala.
Stanford y Vance Center resaltan patrones específicos que evidencian la criminalización de operadores clave del MP, como la presentación de un gran número de denuncias contra una misma persona, en muchos casos por los mismos hechos, con el claro propósito de dificultar su defensa legal y la presentación de acciones anónimas o infundadas, con el fin de generar un “clima de presión, hostigamiento e intimidación”, entre otros.
