Lima, EFE
La convocatoria a una huelga nacional del transporte público a realizarse este jueves, para exigir medidas efectivas de las autoridades contra la inseguridad ciudadana, ha generado incertidumbre en Perú.
Algunos gremios del sector señalan que la paralización puede prolongarse durante 72 horas, pero otros afirman que aún no hay un acuerdo definitivo para cumplir con la medida de protesta.
El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, declaró que más de 400 empresas del sector acatarán el paro.
“Nosotros ya hemos acordado la medida para el 10 de octubre, no hay vuelta que dar, ya es una convocatoria en Lima y Callao, y a nivel nacional”, remarcó.
El dirigente dijo que el gremio está “viviendo una violencia desatada” y que esta situación afecta a la ciudadanía en general.
Por la razón apuntada, exigió que las autoridades tomen medidas drásticas y que también se derogue una ley dada por el Congreso que, según juristas y expertos, dificulta la lucha contra el crimen organizado.
Campos negó que los gremios estén buscando “algo político” con su protesta y añadió que “están defendiendo el derecho a la vida” porque exigen “seguridad para los 34 millones de peruanos”.
Algunos sectores de los transportistas aseguraron que la huelga también se ha convocado para exigir la renuncia de los ministros del Interior, Juan José Santiváñez, y de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes.
