EFE
La investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina tildó este sábado de “Judas” al sacerdote Rafael Ríos Gadea, quien dijo en la víspera que no existe persecución religiosa en Nicaragua y que “cuando se delinque, y se comete un delito, paga el que comete el delito, pero no es la Iglesia” Católica.
“El sacerdote Rafael Ríos debería de preguntarle a los más de 250 religiosos que han sido expulsados (por las autoridades nicaragüenses) o han tenido que huir, o que le pregunte a su superior si tienen autorización de regresar” al país, escribió en sus redes sociales Molina, autora del estudio ‘Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?’.
“¡Qué lamentable, pero en todo grupo existe un ‘Judas’! El padre Ríos parece que no se da cuenta que hasta su obispo (Carlos Hererra, de la Diócesis de Jinotega), vive asediado y vigilado” por la Policía y civiles afines al Gobierno sandinista, continuó Molina, abogada de profesión.
El sacerdote Ríos, que bautizó en junio pasado, en Managua, a un nieto del presidente y de la vicepresidenta de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente, “vive en una burbuja” o “es un trabajador de la dictadura” nicaragüense, consideró la investigadora.
Lo que dijo el sacerdote
El viernes, durante una sesión especial de la Asamblea Nacional (Parlamento) celebrada en el municipio La Concordia, provincia de Jinotega (norte), donde se rindió un homenaje al héroe nicaragüense general Benjamín Zeledón, el sacerdote dijo: “Quitémonos de la mente lo que muchos dicen, que en Nicaragua hay persecución religiosa”.
“La persecución religiosa se da cuando es por odio a la fe y se persigue a todo aquel que es hijo de Dios. Cuando se delinque, y se comete un delito, paga el que comete el delito, pero no es la Iglesia”, enfatizó el prelado.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de la provincia de Jinotega preguntó a través de sus redes sociales al sacerdote Ríos: “Entonces ¿por qué hay obispos desterrados, sacerdotes expulsados, órdenes de religiosas expulsadas de Nicaragua y bienes confiscados, laicos encarcelados solo por haberle trabajado a la iglesia Católica?”.
“¿Qué delito cometieron las hermanas Calcutas para ser expulsadas y confiscadas? ¿Por qué encarcelaron y desterraron a monseñor Rolando Álvarez? ¿Por qué la Policía hostigaba y obligó al padre Eliar (Pineda) al exilio? ¿Por qué hay sacerdotes como el padre Asdrubal (Zeledón) en seminario por cárcel? ¿Por qué encarcelaron al padre Cristobal (Gadea) y al padre (Gustavo) Sandino y los desterraron a Roma?”, inquirió esa alianza.
Relaciones diplomáticas están suspendidas
Un total de 245 religiosos han sido obligados al exilio o han sido expulsados de Nicaragua desde que estalló la crisis social y política en abril de 2018, según el estudio ‘Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?’.
El pasado 26 de agosto, el presidente Ortega señaló al Vaticano de ser parte del “conglomerado del fascismo”, y de ser un Estado “que está claramente a favor del imperio”, en alusión a Estados Unidos, aunque no ofreció pruebas.
El mandatario sandinista también acusó a la Santa Sede de haber sido “cómplices de los nazis de Alemania y de los fascistas de España e Italia en el siglo pasado”.
Esa crítica de Ortega al Vaticano ocurrió un día después de que el papa Francisco animara al “amado” pueblo de Nicaragua a renovar su “esperanza” en Jesucristo, en medio de las tensas relaciones con el Gobierno de Ortega y el encarcelamiento y expulsión de sacerdotes.
En agosto de 2023, Ortega ordenó la disolución en el país de la Compañía de Jesús, los jesuitas, orden a la que pertenece el propio papa Francisco, además de expropiar todo su patrimonio.
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión, encarcelamiento y desnacionalizados de obispos y de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
