Jose Pelico y Josselinne Santizo Redacción
El 2 de octubre de 2023 comenzó la resistencia por la defensa de la democracia y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del 25 de junio, y la segunda vuelta presidencial del 20 de agosto del mismo año. Esa lucha sigue vigente a un año del acontecimiento y ahora se extiende a otras demandas de la ciudadanía como la designación de Cortes honorables e independientes, según analistas.
En la referida fecha se iniciaron masivas manifestaciones y plantones por parte de organizaciones indígenas, civiles y estudiantiles en rechazo a las acciones que el Ministerio Público (MP) emprendió para anular el resultado de los comicios, en los que Bernardo Arévalo y Karin Herrera ganaron la Presidencia y Vicepresidencia.
Entre los convocantes al paro nacional indefinido estaba la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, alcaldías indígenas de Sololá, los pueblos ixil, xinka y poqomam, que junto a otras expresiones sociales pedían la renuncia de la jefa del MP, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, considerados actores corruptos que pretendían impedir la toma de posesión de los mandatarios.
“Nos declaramos en paro nacional indefinido desde el 2 de octubre de 2023, haciendo una convocatoria a todos los ciudadanos y organizaciones del país”, indicaron las autoridades y pueblos ancestrales, que pedían la unidad para defender el Estado de derecho.
Las manifestaciones se dieron en puntos estratégicos como Cuatro Caminos, San Cristóbal, Totonicapán; sede del MP; rutas al Atlántico y Pacífico, y el Periférico, en la ciudad capital. La resistencia en la Fiscalía duró hasta el 15 de enero de 2024.
Demandas no cesan
“Lo que uno ve a un año de distancia (del comienzo de la resistencia) es que la lucha por la democracia no es algo que haya cesado con la toma de posesión de Arévalo y Herrera. Es un tema que va más allá en otros sentidos, afirmó Gustavo Berganza, analista político independiente.
Berganza añadió que, actualmente, el país está en el previo de una de esas grandes variables que inciden en el funcionamiento democrático, en referencia a la elección de las Cortes.
“Por eso se debe garantizar que estas nuevas magistraturas no se ajusten a tendencias antidemocráticas, sino que busquen una consolidación de un Estado de derecho que permita ejercer a todos los ciudadanos sus garantías constitucionales”, puntualizó el experto.
En la misma línea, Yahir Dabroy, analista sociopolítico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), expresó: “Aún continúan, para muchos, los discursos antidemocráticos que buscan revertir el orden constitucional. Todavía se escucha en algunos pasillos el interés de ciertos grupos de impedir que el presidente Bernardo Arévalo continúe con
su gestión”.
Agregó: “Esto es hablar, incluso, de un golpe de Estado, cosa con la cual no estamos de acuerdo. Consideramos pertinente que cualquier posición antagónica con respecto al ejercicio gubernamental se debe de librar y dilucidar por la vía democrática”.
Era hora de levantarse
De acuerdo con José Caniz, alcalde indígena de San Juan Argueta, Sololá, una de las organizaciones protagonistas de la resistencia, el pueblo se levantó, ya que era demasiada la injusticia social. “Fuimos los primeros en instalarnos frente al Ministerio Público para pedir la renuncia del pacto de corruptos”, manifestó.
“Han sido demasiados años de discriminación, opresión y exclusión hacia los pueblos indígenas. Al presidente Arévalo le va a costar reparar el daño de más de 500 años; sin embargo, en lo que lleva de su gestión se ha logrado la participación de las poblaciones ancestrales en la elección de representantes ante los consejos departamentales de Desarrollo. Además, está escuchando a los pueblos y ha recibido sus peticiones, algo que ninguna administración había hecho”, concluyó Caniz.
