Con información de AGN
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, participó este lunes en la conferencia de prensa semanal del presidente Bernardo Arévalo, donde brindó detalles sobre avances en el sistema penitenciario del país, entre los que destacó que la entrega de la cárcel de máxima seguridad El Infiernito está programada para el 15 de octubre.
Durante su intervención, el titular de la cartera del interior resaltó los esfuerzos del Gobierno para mejorar la infraestructura y seguridad en los centros de detención. El objetivo es garantizar que estos espacios cumplan su propósito: la privación de libertad efectiva y la reducción de privilegios que antes gozaban ciertos reclusos.
El proceso de recuperación de El Infiernito se inició con el traslado de 225 pandilleros que se efectuó la madrugada del 2 de junio. Este movimiento estratégico tenía como objetivo recuperar el control de El Infiernito.
El traslado permitió avanzar en los trabajos de remozamiento de las instalaciones, asegurando que no se convirtieran en residencias para los reclusos, sino en espacios estrictamente controlados. Parte de las medidas incluidas en estas remodelaciones es la eliminación de cualquier conexión a internet y la ausencia de energía eléctrica para que los internos no puedan utilizar dispositivos electrónicos o mantener comunicación con el exterior.
Prisión en Masagua
En cuanto a la construcción de una nueva cárcel en Masagua, Escuintla, el ministro dijo que espera reunirse este mismo lunes con un grupo de vecinos que no están de acuerdo con la obra.
Este grupo fue presentado en el Congreso el jueves pasado por la diputada Sandra Jovel, dado que ha incluido en sus consultas el tema de la construcción de una cárcel en dicho municipio de Escuintla.
Jiménez aseguró que el diálogo es clave y que están dispuestos a escuchar las inquietudes de la comunidad para encontrar soluciones viables.
La nueva cárcel de Masagua forma parte de los esfuerzos del Gobierno por ampliar la capacidad del Sistema Penitenciario y mejorar las condiciones de reclusión en todo el país, cumpliendo con estándares internacionales de derechos humanos.
