Medidas para evidenciar y facilitar la fiscalización de las compras de baja cuantía, que en el pasado han sido foco de corrupción y de evasión de impuestos, tal y como se demostró con el caso B410, contiene el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 2025, entregado por el Gobierno al Congreso de la República para su aprobación.
En el Artículo 33 se obliga a las entidades de la administración central, descentralizadas, autónomas y empresas estatales a “publicar, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, un informe sobre el gasto de contrataciones públicas” en la citada modalidad, realizadas en el mes anterior al reporte.
Además, el Artículo 32 indica que las dependencias del Organismo Ejecutivo deberán priorizar el uso del Fondo Rotativo Institucional con Tarjeta de Compras Institucional (TCI). Ello, “con la finalidad de modernizar la administración del régimen de fondos rotativos y fortalecer la Cuenta Única del Tesoro (CUT), mediante el uso de medios electrónicos para gastos emergentes de baja cuantía”.
Vigorizan herramienta
Sumado a lo anterior, las normas presupuestarias contenidas en la iniciativa promueven las adquisiciones por contrato abierto, que es una norma ya existente. Sin embargo, “necesitamos que haya un reforzamiento para utilizarlo, porque es un mecanismo más transparente”, afirmó el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, quien se reunió con diputados de la Comisión de Finanzas y Moneda del Parlamento, quienes analizan el plan de inversiones para el próximo año.
Para este caso, se han priorizado las áreas de computación y telecomunicaciones; limpieza, fumigación y artículos afines; papelería y utensilios de librería, así como alimentos y semillas, salud e insumos hospitalarios.
Con buenos ojos
Manfredo Marroquín, directivo de Acción Ciudadana (AC), ve positivos los citados mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
“Está bien que se vayan incrementando estas medidas y los candados, porque la administración pública ha sido objeto de saqueos permanentes en los últimos gobiernos. Hay que empezar a cerrar las puertas que facilitan el mal uso de los recursos públicos”, aseguró el entrevistado.
De igual manera, pidió a la Contraloría General de Cuentas (CGC) “que cumpla con su función fiscalizadora de manera más acuciosa sobre este tipo de gastos en las instituciones” estatales.
