El presidente de la postuladora para Cortes de Apelaciones, Raúl Arévalo, y expertas que siguen el proceso de selección cuestionaron la legalidad del procedimiento utilizado para incluir en el listado a 80 de los 312 candidatos al cargo, nómina que deberá ser entregada hoy al Congreso para la elección final.
Según Arévalo, ante la falta de tiempo para cumplir con los plazos que ordenó la Corte de Constitucionalidad (CC), un grupo de magistrados alcanzó un “consenso” para seleccionar, primero, a 74 de los 80 aspirantes que faltaban, pero luego incluyeron a otros seis.
“Creo que me estoy adelantando a sacar conclusiones, pero a estas alturas pienso que existen muchos intereses”, expresó, tras censurar el proceso utilizado, con el que no estuvo de acuerdo.
Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, explicó que, al momento de presentar este listado, se hizo una rectificación de votos y resultaron ingresando personas que no habían alcanzado el mínimo de apoyos para integrar la nómina. “Claramente, fueron negociados y, probablemente, sean esas monedas de cambio que se incluyeron al final”, resaltó.
Fuentes advirtió que esas decisiones podrían propiciar impugnaciones o recursos legales. Recordó que durante todo el proceso se había sido cuidadoso, a fin de
evitar amparos o recursos.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, coincidió en que podría haber ilegalidad en la manera en que se votó por los últimos 80 nominados.
“La Ley de Comisiones de Postulación establece cómo debe hacerse la votación”, manifestó.
Reiteró que esa sombra es la que, de alguna manera, enturbia la integración de los 312 candidatos. “No sabemos si el proceder será cuestionado o no, pero se han levantado cuestionamientos y comentarios negativos”, destacó.
Ibarra calificó de positivo que en la lista quedaron fuera los perfiles más cuestionados.
Señalados quedan fuera
Los postulantes aliados a la fiscal general Consuelo Porras no recibieron apoyos.
Abdi Ariel Guerra Guzmán, director de Análisis Criminal, y Andrea Lisbeth Mejía, subdirectora de dicha oficina, recibieron un voto, mientras que el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, se quedó en cero. El esposo de Porras, Gilberto Porres, tampoco
logró ingresar.
