EFE
La Red Sin Violencia LGTBI, que hoy publicó un informe sobre la violencia homicida contra personas LGTBI en América Latina y el Caribe en 2023, propone que los Gobiernos de la región incorporen enfoques diferenciales por identidad de género y orientación sexual en las políticas de seguridad, así como la creación de programas que protejan a las personas LGTBI defensoras de derechos humanos y participantes en procesos electorales.
La Red Sin Violencia LGBTI -que agrupa a organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las personas LGTBI en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana- hace hincapié en la necesidad de prevenir, investigar y sancionar la violencia intrafamiliar contra personas LGTBI y capacitar a los operadores de justicia para mejorar su atención a estas víctimas.
Para El Salvador y Guatemala, la ONG recomienda la implementación de campañas de comunicación social que promuevan los derechos humanos de la población LGTBI y la revisión de leyes, como la Ley de Identidad de Género en El Salvador. En ambos países insiste en la necesidad de protocolos de atención integral para las víctimas de violencia.
Asimismo, hace un llamado a garantizar que las políticas públicas contra la violencia de género también incluyan a las mujeres trans y a recolectar datos estadísticos desagregados sobre la violencia LGTBI para implementar políticas efectivas basadas en evidencia.
En cuanto a Colombia y Ecuador, la Red Sin Violencia sugiere la creación de protocolos específicos para la investigación de crímenes contra personas LGTBI y el fortalecimiento de mesas interinstitucionales que atiendan la violencia de manera urgente. También propone la sensibilización social para combatir los imaginarios negativos hacia las personas LGTBI.
En Nicaragua y Honduras, la Red Sin Violencia hace hincapié en la capacitación de los operadores de justicia para garantizar investigaciones adecuadas y en la derogación de normativas discriminatorias. Asimismo, pide que se promuevan campañas que contrarresten los discursos discriminatorios, especialmente en contextos políticos.
México y Perú deben fortalecer la capacitación de policías y fiscales para atender casos de violencia contra personas LGTBI y garantizar que las protecciones legales frente a la violencia de género incluyan a las mujeres trans. Además, se recomienda desarrollar sistemas de información para registrar la violencia ejercida contra personas LGTBI.
Finalmente, en la República Dominicana debe aprobarse un nuevo Código Penal que contemple protecciones contra la violencia basada en prejuicios y promover campañas de sensibilización para prevenir actos de violencia y discriminación por orientación sexual o identidad de género.
