No y no. Ni se deroga ni se aprueban objeciones. Así de claras y contundentes fueron las respuestas de los congresistas a los requerimientos de la oposición. El primer rechazo fue contra un intento de derogar el acuerdo que creó la instancia que vela por contrarrestar los ataques contra los defensores de los derechos humanos. El segundo, mandó al congelador un intento por evitar que el presidente Bernardo Arévalo sancionara el reajuste de la inversión de 2024.
Para los entendidos, los hechos son mucho más que simples negativas y marcan la fortaleza de un bloque que, de momento, ha ganado los últimos pulsos en el Parlamento.
La medición de fuerzas comenzó el 13 de agosto pasado. Ese día, 111 diputados aprobaron, de urgencia nacional, ampliar el presupuesto de 2024. El 18 del citado mes, la Corte de Constitucionalidad sale en defensa del grupo perdedor y suspende lo decretado por el Legislativo. En respuesta, el 27 del mes pasado, con 114 votos vuelve a pasar la iniciativa del Gobierno y, al mejor estilo del grupo Queen, la oposición continúa mordiendo el polvo.
El Organismo Legislativo pareciera pasar por un momento de contrición. Aunque falta mucho, las primeras acciones de arrepentimiento son esperanzadoras. Además, se debe reconocer que ese proceso llega en un momento clave de la historia. Solo hay que imaginar que los consensos permanezcan cuando toque elegir a los magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las de Apelaciones y los parlamentarios manden a su casa a esos fiscales, jueces y magistrados que tanto daño le han hecho al país.
Entonces, se vale soñar. Sobre todo porque la agenda legislativa, que por ahora está destrabada, contiene proyectos que pueden marcar un hito en la historia nacional. Las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), por ejemplo, vendrían a terminar con la perniciosa cooptación que mantiene un grupo de corruptos sobre el mal llamado sistema de justicia.
El proyecto de presupuesto 2025 es otra propuesta que le quita el sueño a las mafias, sobre todo porque evita la corrupción y la entrega festiva de contratos. De momento, el Congreso
cambia y la historia del país también.
