Luego de más de una década sin una estrategia clara para regular a las empresas que ofrecen el servicio de seguridad y disponen de armamento, el Ministerio de Gobernación (Mingob), por medio de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), inició la formulación de la política respectiva, a fin de ordenar el sector.
La iniciativa responde a la necesidad de un marco regulatorio que se ha vuelto “impostergable”, debido al crecimiento acelerado del negocio, afirmó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
El funcionario destacó que esta nueva política será fundamental para proteger la integridad de los guatemaltecos, mediante estrategias adaptadas a la realidad y a las condiciones de las agencias particulares y de sus clientes. “Estoy convencido de que este instrumento se convertirá en un enorme aporte para mejorar la seguridad nacional”, afirmó.
“Estoy convencido de que este instrumento se convertirá en un enorme aporte para mejorar la seguridad nacional”.
Francisco Jiménez, Ministro de Gobernación
Actualmente, operan 265 compañías, las que emplean a más de 45 mil agentes, según registros de la Digessp. Aunque la responsabilidad de garantizar la protección ciudadana recae en el Estado, Jiménez reconoció que estas corporaciones desempeñan un papel crucial en el cumplimiento de este mandato constitucional, lo que hace urgente una regulación más efectiva de sus operaciones.
El director de la Digessp, Jorge Humberto Santizo, explicó que el proceso de formulación de la citada Política, que comenzó la semana pasada, se extenderá por seis meses. Se espera que esté lista en marzo de 2025 para su aprobación.
Durante este tiempo, se organizarán 12 mesas de trabajo con la participación de representantes gubernamentales, empresarios, prestadores de servicios y sociedad civil.
Entre los temas a discutir figuran la falta de un padrón de estos comercios, el pago de permisos para la portación de armas de fuego y la colaboración con la fuerza pública. “Esto nos permitirá garantizar que las compañías cuenten con guardias acreditados, competentes y con un perfil idóneo”, afirmó Santizo.
Jorge Ortega, experto en el tema, valoró el esfuerzo y destacó la importancia de regular el uso de armas de grueso calibre.
Además, subrayó la necesidad de que esta política conduzca, eventualmente, a la creación de una ley específica que garantice el adecuado funcionamiento de estos negocios y la calidad de los servicios que prestan.
