Más de 200 abogados se postularon para formar parte de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala para el período 2024-2029, en un proceso de elección trascendental para la lucha contra la corrupción en el país centroamericano.
El proceso para presentar la candidatura al Supremo de Guatemala culminó este sábado, con docenas de abogados presentes en la universidad privada Rafael Landívar para entregar su documentación ante las autoridades, específicamente dos comisiones encargadas de la elección.
“Es un momento histórico, y por eso, debemos permanecer atentos al trabajo de las comisiones de postulación”, aseveró el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, en referencia a la elección, donde también se definirán alrededor de 200 jueces de Salas de Apelaciones para los próximos cinco años.
“Evaluemos los postulados, vigilemos el proceso, e informemos a nuestros cercanos sobre lo que sucede”, añadió el gobernante.
De acuerdo a expertos, la elección de los jueces de Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia es trascendental para el futuro de la lucha contra la corrupción.
El proceso de elección, que culminará en octubre en el Congreso guatemalteco, se encuentra bajo monitoreo presencial de la Organización de Estados Americanos (OEA), a pedido e invitación del Gobierno que preside Arévalo de León.
La abogada y exjueza Patricia Gámez, una de las juristas que presentaron su documentación este sábado, aseguró a periodistas que “confiamos en que exista una buena oportunidad para que se elijan buenos perfiles” en la Corte Suprema de Justicia y en las Salas de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco.
El viernes, el fiscal Rafael Curruchiche y el exrelator contra la Tortura Lesther Castellanos, ambos sancionados por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción, presentaron su documentación para optar a ser jueces de Apelaciones.
Tanto Curruchiche como Castellanos fueron sancionados por Estados Unidos en 2022 y 2023, respectivamente, con el retiro de su visado y la prohibición del ingreso a su territorio, tras señalarlos de “socavar” la Justicia en Guatemala.
Curruchiche de igual forma fue sancionado por la Unión Europea debido a sus intentos por cancelar, desde el Ministerio Público (Fiscalía), los resultados de las elecciones presidenciales de 2023 ganadas por el académico Bernardo Arévalo de León, investido en enero pasado.
Castellanos, por su parte, llevó a cabo una persecución judicial junto al Ministerio Público en contra de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien estuvo dos años presa (entre 2022 y 2024) por un delito administrativo supuestamente cometido en 2018.
La recepción de documentación para optar a ser uno de los 26 magistrados (13 titulares y 13 suplentes) empezó el pasado 20 de agosto y superó los 200 aspirantes, según confirmaron fuentes oficiales.
