sábado , 23 noviembre 2024
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Moody’s: el reajuste permite atender prioridades de desarrollo

La ampliación presupuestaria, aprobada el pasado 13, permitirá al gobierno de Bernardo Arévalo y de Karin Herrera hacer “frente a las antiguas carencias en materia de infraestructuras y desarrollo social, y potencialmente impulsará ligeramente el crecimiento”, fue el centro del análisis que hizo la firma internacional calificadora de riesgo Moody’s Ratings.

Esta compañía destacó el apoyo que en 2024 recibirán familias empobrecidas, por medio de los programas sociales planteados por las autoridades; se prevé una expansión del 25 por ciento en inversiones públicas, enfocadas en salud, educación e infraestructura. Agrega la entidad que esos recursos contribuyen a subir la inversión en prioridades de desarrollo de un gobierno reformista.

En el comunicado, describió que es “crédito positivo, ya que busca mejorar la fortaleza económica de Guatemala y podría allanar el camino para que el Gobierno prosiga su agenda de reformas dirigidas a fortalecer las debilidades institucionales y de gobernanza” que demanda la población.

La administración deberá aprovechar los saldos de caja acumulados este año debido a que los ingresos fiscales han crecido interanualmente en un siete por ciento entre junio de 2023 y el mismo mes de 2024. 

Más inversión pública

Tampoco corre riesgo la estabilidad macroeconómica, pues, según Moody’s, el déficit fiscal con respecto al PIB llegará a un máximo del 2.4 por ciento, en concordancia con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

Expertos nacionales coinciden con los puntos de vista de la firma calificadora. Érick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), manifestó que era importante aprobar la reajuste presupuestario, ya que no implica deuda; es dinero ya disponible de las mismas arcas públicas.

Lo único que según Coyoy podría ser cuestionable es el pago de saldos por contratos de la anterior administración y que han sido blanco de críticas pero espera que el Gobierno aplique mecanismos rigurosos de transparencia que cuadren con avance de obras ejecutadas.

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