Es el mayor fraude fiscal de los últimos tiempos en el país. Los amigos de lo ajeno fueron tan cínicos, que buscaban robarse todo; incluso, los impuestos.
En dos platos, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), tras una exhaustiva investigación, llevó a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, a un callejón del que solo saldrá evidenciando al pacto de corruptos que cooptó a los principales responsables del régimen de justicia.
Hoy, no habrá espacio para las excusas ni los pretextos. Desestimar el caso le será imposible al MP, así como proteger a quienes se valieron del sistema para saquear el erario.
El propio jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, advirtió que el expediente no solo está sustentado, sino que marca el camino a seguir para llegar a los responsables de los robos.
No hay relatos, son puros hechos. De momento, se identificaron 300 millones de quetzales evadidos, cantidad que puede llegar a 800 millones.
Hay 410 empresas participantes, el 75 por ciento constituido por un mismo notario. El dinero en cuestión supera los 6 mil 440 millones de quetzales, 5 mil 730 millones de estos entre 2021 y 2023, tiempo que coincide con el período gubernamental de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.
Hoy, vemos que esta acción criminal fue ejecutada por una mafia insaciable, pero torpe y confiada. Ese cártel del crimen pensó que sus atracos no dejarían rastro y, en la peor de las situaciones, que ninguna entidad se atrevería a investigar y que ellos continuarían impunes, derrochando lo robado y adoptando poses que les puedan limpiar la cara.
Se equivocaron. Sus huellas están en papeles y es imposible que todos sus cómplices los encubran.
Además, está claro que el Ejecutivo hará lo propio y continuará las investigaciones dejadas por la SAT. De hecho, el presidente Bernardo Arévalo le ordenó al procurador General de la Nación, Julio Roberto Saavedra, y al comisionado Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, que defiendan los intereses del Estado y contribuyan con las
averiguaciones que permitan alcanzar a los responsables.
En fin, es indudable que la Fiscal General y sus colaboradores cercanos tienen un expediente que no pueden ocultar, que ya es de conocimiento público y por el cual ellos y sus protegidos tendrán que rendir cuentas.
