Rodolfo Zelada
Periodista
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La aprobación de la ampliación presupuestaria, la madrugada del miércoles último, que contó con el apoyo de 111 diputados al Congreso de la República, sumaba ayer cinco recursos en busca de detener su entrada en vigencia. Los ponentes, en su mayoría, férreos opositores al Gobierno encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera.
Se trata de la diputada Sandra Jovel, la Fundación Contra el Terrorismo, diputados de la bancada Vamos, el Grupo Cívico Ciudadano Guatemalteco, así como el alcalde San Juan Sacatepéquez, Guatemala, Juan Carlos Pellecer Agustín, según medios locales, quienes aducen que la medida, aprobada por medio del Decreto 16-2024, es ilegal inconstitucional.
¿Qué intereses moverán a quienes se oponen a que entre en vigencia la ampliación del presupuesto?
¿Tanto odio le tienen al actual gobierno que no se centran en el beneficio que para la sociedad tendrá que la administración central pueda contar con más recursos para las necesidades urgentes de la población? ¿Acaso habrá más razones de fondo?
Lo cierto es que en caso lograran su objetivo, por medio de los amparos interpuestos ante la Corte de Constitucionalidad, dejarían sin recursos al Estado para, por ejemplo, concluir las reparaciones en el kilómetro 44 de la Autopista Palín–Escuintla, para lo cual, los diputados que aprobaron la ampliación, destinaron 100 millones de quetzales. En este caso específico ¿quiénes serían los más afectados?
De acuerdo con el proyecto presentado por el Ejecutivo y solo por mencionar algunos ejemplos, en la ampliación presupuestaria se contempla que el MAGA utilice 500 millones de quetzales para el crédito campesino, que se coordinará con el CHN para llevar el apoyo a los agricultores del país, quienes recibirán préstamos a tasas más bajas que las del mercado financiero.
Además, se prevé que 400 millones de quetzales se destinen a la compra directa de fertilizantes que serán distribuidos al sector agrícola y con ello fomentar la productividad de legumbres y verduras, entre otros productos.
De hecho, la totalidad de la propuesta de ampliación por más de 14 mil millones de quetzales está enfocada en privilegiar beneficios para la sociedad y para ejecutar dichos fondos se están estableciendo los mecanismos de transparencia, “más allá de lo que la ley establece”.
“El aval al reajuste presupuestario ha sido bien visto por calificadora de riesgos”, aseguró ayer el mandatario en rueda de prensa. Y esta debe ser una buena noticia para el país, tan necesitado de inversiones que permitan potenciar el desarrollo de la población en general, algo que al parecer no entienden algunos.
La ley que dio vida a esta millonaria ampliación aún está en poder de la Junta Directiva del Organismo Legislativo, que debe remitirla al Ejecutivo para que el mandatario la sancione y ordene su publicación en el Diario de Centro América.
¿Tendrá razón el presidente Arévalo al afirmar: “Estas acciones las promueven actores de la corrupción, que impiden que el dinero llegue a los más necesitados”? ¿Qué intereses moverán a quienes se oponen a que entre en vigencia la ampliación presupuestaria? ¿Los diputados que se oponen estarán actuando conforme a las necesidades de quienes los llevaron a ocupar una curul en el Parlamento? ¿Serán amigos o enemigos de Guatemala?
