La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una apelación presentada por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación y la Universidad de San Carlos (Usac), que buscaba que el juez décimo, Víctor Cruz, ordenara embargar las cuentas bancarias de estudiantes y profesionales involucrados en el caso Toma Usac: Botín Político.
Esta medida pretendía asegurar un posible resarcimiento por los daños supuestamente causados a las instalaciones de la casa de estudios superiores, cuyo costo se estima en 90 millones de quetzales.
El Ministerio Público (MP) y la Usac reclamaron que la imposición de una caución económica de 10 mil quetzales a cada implicado era insuficiente, y expresaron su desacuerdo con el levantamiento del embargo de las cuentas.
Sin embargo, la CC consideró que las circunstancias del caso no justificaban otorgar la apelación ni el amparo provisional.
El tribunal resolvió que la decisión del juez de levantar el embargo de las cuentas fue legítima, al considerar que ya se había impuesto una fianza.
