Foto: CNA
Derivado de una publicación en el medio digitalVox Populi y de reacciones en redes sociales, en las cuales se involucra a Miguel Martínez, exfuncionario de Alejandro Giammattei, en la adopción de dos niños mediante un proceso irregular, la Procuraduría General de Nación (PGN) efectuó la denuncia respectiva en el Ministerio Público (MP).
Respecto de ese escenario que pone en tela de juicio la ética y el cumplimiento de la ley, “el hecho se puede convertir en una modalidad de trata de personas”, aseveró Otto Rivera, experto en niñez y adolescencia, quien, además, resaltó la reacción inmediata de la PGN e indicó que ahora la investigación queda en manos del MP.
“Tras la denuncia de la PGN será determinante el actuar del ente investigador”. Otto Rivera
Experto en niñez y adolescencia
Por otra parte, Miguel López, director ejecutivo de la Coordinadora Nacional Contra el Maltrato Infantil (Conacmi), refirió que para evaluar a las familias que desean adoptar se debe llevar un debido proceso y lo que se informa es que en este caso no se cumplieron los plazos.
López agregó que también se tuvo acceso a los menores, situación que no está dentro de los parámetros establecidos, por lo que concluyó que “aunque en la realidad no exista una familia idónea en términos absolutos, es esencial que se respeten las normativas vigentes para evitar casos como este”.
Asimismo, la PGN ratificó que un equipo multidisciplinario visitó el hogar donde se encontraban los menores e identificó elementos suficientes que evidenciaron la necesidad de promover la modificación de la medida a su favor en un lugar distinto al que se encontraban, de conformidad con lo que establece la ley.
Indicó que es imperativo recordar que la investigación penal está a cargo del MP y el proceso de protección a cargo de la PGN, por lo que se dará el respectivo seguimiento en cumplimiento al mandato institucional.
Además, el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), por medio de un comunicado, rechazó la información que circulaba en las redes sociales y la calificó como malintencionada con propósitos espurios que perjudican la institucionalidad.
