Ante la coyuntura actual, en la que tres diputados, de quienes no se proporcionó los nombres, por el retiro de agentes policiales que los resguardaban presentaron una denuncia contra el ministro
de Gobernación, Francisco Jiménez, ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH),
analistas opinan que la situación trasciende lo político y afecta lo ético y moral.
61 agentes estaban asignados a los congresistas.
El coronel y especialista en seguridad nacional del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (INEES), Francisco Girón, expuso que “los parlamentarios pueden presentar cualquier recurso ante la PDH, pero lo que se tendría que analizar es ¿cuánto gana usted señor diputado? y ¿usted no puede invertir 2 mil o 3 mil quetzales en su seguridad?”.
Girón afirmó que en su mayoría, los legisladores sí poseen su propio resguardo, pero hay algunos “que prefieren no gastar y tomar de los recursos de la nación, y todavía aseguran que es una obligación del Estado”, y es aquí donde trasciende lo político a lo ético, puntualizó.
Política de asignación
Por otra parte, María del Carmen Aceña, directora del Área de Seguridad Ciudadana del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), resaltó que hasta octubre de 2023, más de dos mil agentes se encontraban a disposición de 20 instituciones, exfuncionarios y personas amenazadas, por lo que “lo más importante sería que se publique una política de la asignación de agentes a diferentes instituciones”, para evitar este tipo de hechos y transparentar el gasto público.
Solicitan evaluación
Según el procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, varios legisladores afectados, de quienes no dio los nombres, solicitaron una nueva evaluación para determinar si se les puede continuar brindando seguridad por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que ya se han iniciado los procesos para plantear una nueva solicitud.
