En su más reciente análisis de situación, fechado 11 de julio de 2024, en el que la agencia calificadora de riesgo país reitera la perspectiva Ba1 de Guatemala, Moody’s Ratings incluye observaciones que conviene analizar, por la certeza de sus comentarios, los cuales evidencian una percepción cada vez más amplia
e inobjetable entre los connacionales.
En sus reflexiones, valiosas por la calidad intelectual y técnica de la comitiva que constató la situación, Moody’s Ratings resalta su creencia de que existe un “programa anticorrupción fortalecido” que comenzó el 14 de enero de 2024, cuando asume el nuevo Gobierno. Además, valora los esfuerzos que existen para mejorar la infraestructura productiva y comunitaria y las reformas sociales que contribuirán con la mejora del perfil crediticio del Estado.
A lo anteriormente expuesto, cuya valía viene de la independencia y reputación internacional que tiene la entidad, hay otro aspecto que desnuda nuestra realidad partidaria, la cual dificulta los esfuerzos gubernamentales para alcanzar desarrollos íntegros e inclusivos con mayor celeridad.
Moody´s lo describe de esta manera: “El riesgo político es el principal factor que limita el perfil crediticio del país, incrementado (por) la obstrucción en el Congreso, lo cual dificulta implementar reformas, así como la continua resistencia de una parte del poder judicial”.
Tomando en consideración el análisis de la agencia, vemos con mucha tristeza y vergüenza la apreciación que existe en el extranjero respecto de nuestro sistema “republicano y democrático”. Un sentir que rechaza a las mafias enquistadas en algunos organismos, las cuales entorpecen, por maldad o corruptela, los programas y obras que puedan dignificar la calidad de vida de los compatriotas.
Moody´s deja claro que el enemigo está en nuestra propia casa, lo que torna necesario fortalecer la estrategia por la decencia, la cual sacude y resta vida a quienes por negligencia del Ministerio Público y del Organismo Judicial gozan de impunidad y privilegios, prerrogativas que comenzarán a terminar cuando la Fiscal General abandone el cargo.
