El Gobierno tiene entre sus atribuciones esenciales garantizar la seguridad, lo cual constituye una condición necesaria para que la ciudadanía pueda ejercer libremente sus derechos y desarrollar sus actividades cotidianas. En acatamiento de las prescripciones constitucionales, la administración del presidente Bernardo Arévalo y de la vicepresidenta Karin Herrera ha impulsado estrategias necesarias para combatir a los grupos criminales que han azotado al país por décadas.
En cumplimiento de ese mandato, el Ministerio de Gobernación (Mingob) no ha escatimado ningún esfuerzo para abordar la lucha contra las bandas organizadas, a pesar de que la decadencia institucional pasada ha dejado a las autoridades mal equipadas para hacer frente a las redes del narcotráfico y a grupos delincuenciales que acosan a la población.
El desafío es de grandes proporciones, pero en el primer semestre de 2024 los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron desarticular 55 pandillas y someter a 404 presuntos delincuentes a la prisión correspondiente.
Los datos indican claramente que los esfuerzos han fructificado porque también se anota a 20 mil 178 capturados en ese lapso, incluidos más de 950 en casos de extorsión, y la incautación de 1 mil 663 armas de fuego.
El paso siguiente queda a cargo del sistema de justicia, el cual debe aplicar a los delincuentes las penas apropiadas, para disuadir a los partícipes de las actividades ilícitas. Adicionalmente, los centros destinados a la ejecución de las penas privativas de libertad deben cumplir el objetivo para el que fueron creadas y dejar de ser puestos de mando de los antisociales.
