El monto de la cartera de préstamos con tarjetas de crédito mostró una ligera contracción entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. El valor pasó de 9 mil 103.8 millones a 8 mil 025 millones de quetzales (-2.5 por ciento). Sin embargo, las entidades se preparan a marchas forzadas para cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley de Tarjetas de Crédito, que cobrará vigencia a partir del 1 de septiembre de 2024.
Miembros de la Gremial de Emisores de Medios de Pago (GEMP) anticipan que no habrá efectos negativos en este sector, pues la nueva legislación fue diseñada para proteger al usuario.
4 millones de tarjetahabientes es la cifra aproximada en Guatemala.
En ese sentido, Juan Bernardo Rivera, miembro de este conglomerado, reconoció que la normativa es sana para el mercado, no como la promulgada en 2016, la cual establecía tasas de interés límites, una medida que, según él, reñía con la Constitución Política de la República.
Por lo pronto, según Rivera, las compañías emisoras trabajan en sus sistemas operativos y en la planificación de las condiciones fijadas en el reglamento publicado en mayo recién pasado. “Trabajamos en los requerimientos que necesitan ser atendidos, a nivel operativo, y no consideramos que este sector vaya a sufrir alguna contracción”, afirmó.
A su vez, admitió que la norma fue ampliamente consensuada con el Ministerio de Economía (Mineco). “Es una ley muy técnica que nos obliga a dar mayor información al público, a ser más transparentes; tampoco se fijan tasas de interés como la de 2016”, manifestó.
Novedades
Según el reglamento, publicado el 28 de mayo, ahora las compañías responsables de comercializar estos medios de pago tendrán que evaluar con más detalle a las personas, antes de extenderles un plástico, para no abrirles la puerta a sobre endeudarse. Deben considerar la capacidad económica que tienen. De igual manera, cuando se les ofrece extrafinanciamiento.
Se estipulan también que las entidades financieras deben calcular el pago mínimo de sus clientes sumando el dos por ciento de adeudo que tengan al momento del corte. Adicionalmente,
se les obliga a realizar campañas educativas sobre el uso de este medio.
También, según Rivera, los emisores tendrán que avisar a sus clientes, con 45 días de anticipación, en caso haya cambios al contrato inicialmente pactado con el cliente. Por ejemplo, si se sube la tasa de interés, el aviso tendrá que hacerse en ese período, explicó.
Asimismo, añadió que cuando una persona supere el 150 por ciento de su límite de crédito aprobado, se congela la tarjeta y se firmará un convenio, con el propósito de frenar esa carga al usuario. “Por lo demás, estamos satisfechos y no visualizamos ningún freno en esta industria”, concluyó.
