El Concejo Municipal de la ciudad de Guatemala rechazó los tres recursos de reposición presentados en contra de la aprobación de una servidumbre a título oneroso por un período de 50 años, en un área propiedad de la comuna, a cambio de la demolición y construcción del puente Adolfo Mijangos López.
Según las autoridades, la resolución fue fundamentada en lo que dicta la Ley de lo Contencioso Administrativo, tras lo cual consideraron que “las solicitudes son improcedentes por carecer de legitimación”.
Ninotchka Matute, concejal octava electa por el Movimiento Semilla, destacó que el dictamen permitirá a un ente privado lucrar durante medio siglo a costa de la degradación de un ecosistema valioso del área metropolitana. “La ciudadanía demanda otra forma de administrar su ciudad; aún están a tiempo de entenderlo”, subrayó.
En cambio, Alessandra María Gallio Abud, del partido oficial y concejal segunda, defendió la legalidad de la medida. “No nos lo hemos sacado de la manga, sino que se ajusta a lo que dice la ley”, afirmó, pues la normativa establece que los recursos de revocatoria y reposición solo pueden ser interpuestos por quienes hayan sido parte del expediente o tengan un interés en él, condición que no cumplían los tres solicitantes.
Sin embargo, Oscar Girón, concejal noveno electo por Winaq, consideró que el argumento es falaz, dado que se trata de un asunto de carácter público y cualquier ciudadano debería tener legitimación. Agregó que aún queda abierta la vía del amparo en la Corte de Apelaciones, para lo cual se disponen de 30 días.
El 20 de mayo fueron presentados tres recursos de reposición ante el ayuntamiento, interpuestos de manera individual por los diputados Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq; Cristian Álvarez, de Creo, y Pedro Melini, en su calidad de ciudadano capitalino, cuyo objetivo era dejar sin efecto la medida aprobada por la comuna.
